El Bloque Nacionalista Galego (BNG), tras una reunión con la Confederación Intersindical Galega (CIG), ha decidido llevar al Congreso una proposición de ley para conseguir que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sean de «obligado cumplimiento» para el Estado español.
El objetivo, según el secretario general de la CIG, Paulo Carril, es el de hacer que el gobierno cumpla «con esa supuesta voluntad de cambiar la legislación en materia de trabajo».
El sindicato entiende que derechos de los trabajadores se vieron vulnerados con la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular en 2012. Una modificación que, en palabras de Carril, «abarata los costes de los despidos y permite que los ERE y ERTE sean a la carta para las empresas».
El sindicato considera que, «antes de que nadie diga lo contrario», la mejor legislación es la anterior a 2012. Es por ello por lo que critica al gobierno que «ni derogue la reforma laboral, ni haga nada para que se aplique lo postulado por el CEDS».
En su defensa de que el gobierno «no tiene voluntad» de realizar la derogación de la reforma laboral, la CIG vislumbra «otra posibilidad que pasa porque se apruebe la proposición de ley para garantizar el carácter vinculante de las decisiones del CEDS».
A su vez, en su propuesta el BNG denuncia que el gobierno sigue sin respetar muchos «derechos recogidos» en la Carta Social Europea. Una legislación que, desde su publicación en el BOE en 2021, obliga «al cumplimiento de su contenido a todos los poderes del Estado».
Dicha opinión la refuerza la CIG al dictaminar que ellos llevan desde 2010 solicitando «que el gobierno español haga su adhesión» a la ya mencionada Carta Social Europea. Una petición de incorporación que se produce una vez el CEDS «haya resuelto que la regulación española es injusta en materia de despidos».
EL BNG ESPERA UNA RESPUESTA FAVORABLE DEL GOBIERNO
El diputado del Bloque, Néstor Rego, espera una «posición favorable» por parte del gobierno ante la propuesta, pues de no serlo, «quedaría en entredicho» a ojos de las instituciones internacionales. A su vez, reclama el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que, según Rego, tildara de «injustas» las condiciones de despido en España.
Rego recuerda que en el pasado ya «presentaron una propuesta para volver al sistema anterior a la reforma de 2012» junto a ERC y Bildu. Dos partidos, el catalán y el vasco, que consideran que «van a estar de acuerdo» con las proposición de ley.
A su vez, prometen «desplegar el diálogo con otras fuerzas para lograr una mayoría», empezando por Sumar y el PSOE. Además, dicen partir de la premisa de que «nadie se puede negar a que aquello que el propio Estado español ratificó», refiriéndose a lo publicado en junio del 2021 en el BOE.
CRÍTICA A LAS MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL
Tanto el BNG como CIG han cargado duramente contra el Ejecutivo central por la no presencia de CIG en las mesas de diálogo que conforman el gobierno, las empresas y los sindicatos.
Rego, en este caso, pone el foco sobre Sumar, partido que regenta el Ministerio de Trabajo, al entender que la CIG cumple con «la condición legal de más representativos» y, por ende, deberían «formar parte del Consejo Económico y Social».
El diputado pide que se transite hacia un «diálogo institucional», pues actualmente «no deja de ser un diálogo a la carta». Y, es que, comprende que se trata de algo «razonable que la opinión de estos sindicatos se tenga en consideración» en el ámbito laboral.
LOS PRESUPUESTOS EN EL PUNTO DE MIRA
Preguntado acerca de cómo puede influir esta propuesta en el apoyo por parte de los nacionalistas a los presupuestos, Néstor Regó matizó que «todos los elementos que son iniciativa del BNG también lo son de negociación a la hora de un apoyo presupuestario al gobierno».
