La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá una iniciativa para que se introduzca en la Ley de memoria democrática la reparación, rehabilitación y dignificación de la memoria de todas las mujeres represaliadas y confinadas por la entidad franquista del Patronato de Protección de la Mujer y que se mantuvo hasta 1985.

De ello ha informado el BNG en un comunicado, en el que la organización nacionalista propone impulsar políticas de memoria democrática con más perspectiva de género y realizar un reconocimiento público y colectivo para reparar las formas especiales de represión y violencia ejercida contra las mujeres en la dictadura franquista.

La senadora nacionalista lleva a debate y votación una iniciativa el próximo 18 de noviembre a la Cámara alta para que el Gobierno del Estado introduzca la perspectiva de género a la hora de impulsar políticas de memoria democrática.

Defenderá dignificar toda a todas las mujeres que durante la dictadura franquista y en el periodo de la Transición hasta 1985 estuvieron a el yugo de esta institución del régimen.

«El Patronato de Protección de la Mujer castigó cualquier conducta que cuestionase las normas católicas y morales del franquismo. Mujeres inteligentes, valientes, con ideas propias y avanzadas a su tiempo terminaron en la cárcel. Fueron víctimas de un patronato que constituyó una de las instituciones más represivas y crueles de la dictadura», señala la senadora del BNG, Carme da Silva.

Para el BNG, es hora de hacer justicia «con todas esas mujeres que padecieron una persecución cruel, que fueron invisibilizadas y privadas de libertad por defender valores democráticos y querer ser libres». «Ellas», afirma Carme da Silva, también fueron protagonistas de la resistencia al fascismo tanto en el ámbito privado como público.

En opinión de la senadora del BNG, el Gobierno gallego debería realizar «un reconocimiento público y reparar todas las formas especiales de represión y violencia ejercida contra las mujeres en la dictadura franquista» como consecuencia de su actividad pública, política, sindical e intelectual o la privación de libertades y penas por delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo.

El BNG sostiene que el anuncio del Ministerio de Igualdad avanzado que se realizaría un acto de reconocimiento en el mes de septiembre quedó «en saco roto» y, llegados a noviembre, la organización entiende que «es hora de pasar de las palabras a los hechos».

La parte resolutiva insta al Gobierno a impulsar y desarrollar, en colaboración con las comunidades, trabajos de investigación sobre la represión ejercida contra las mujeres en el seno del patronato.

«Conocer sus vidas y honrar sus memorias es un acto de orgullo, de reparación y de dignidad. Es, en definitiva, contribuir a impulsar políticas públicas de memoria con perspectiva de género», ha señalado la senadora.

En este sentido, pide al Gobierno del Estado facilitar el acceso a toda la documentación dispersa en distintas instituciones, recogiendo también el testimonio de las mujeres supervivientes que fueron encerradas en diferentes centros de la Rede de Casas de Acogida regentadas por congregaciones religiosas.