El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, propondrá la designación de un fiscal autonómico de delincuencia económica en la Comunidad gallega y ha pedido la puesta en marcha de fiscalías anticorrupción en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

De ello ha informado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Xustiza del Parlamento de Galicia, órgano en el que ha explicado que el pleno del Consejo fiscal celebrado el pasado mes de noviembre informó favorablemente sobre la activación de fiscalías anticorrupción en estas dos provincias gallegas.

De este modo, ahora, le corresponde a la Fiscalía Superior del Estado estudiar y autorizar la creación de estos dos órganos si considera que son necesarios. Por su parte, el nombramiento de un fiscal autonómico en materia de delincuencia económica le corresponde al fiscal superior de Galicia, si bien también tendrá que contar con la autorización de la Fiscalía Superior del Estado.

En su intervención en la Cámara gallega, Suanzes ha destacado que «desde hace años» hay una «actitud favorable» a la puesta en marcha de fiscalías anticorrupción en Galicia si bien ha dejado claro que estos órganos no pueden ser autonómicos por lo que se contempla las provincias «en las que se tienen ámbitos de mayor potencialidad en esa materia».

«Este es el contexto en el que nos encontramos, tratando de ver si pueden o no crearse y cuáles serían», ha explicado el fiscal, que ha subrayado que el hecho de que no existan estos órganos no significa que «haya impunidad» sino que son otros profesionales los que asumen los asuntos.

«AMBICIOSOS CAMBIOS»

Y es que, en su comparecencia, el fiscal superior de Galicia ha demandado «ambiciosos cambios» que permitan agilizar la gestión de los procedimientos judiciales y responder «eficazmente» a las demandas de la sociedad.

«En recursos humanos y en medios materiales tenemos que avanzar, no lo discute nadie, lo hemos dicho muchas veces», ha indicado Fernando Suanzes, que ha considerado necesario un «pacto por la justicia», una de las «grandes olvidadas desde que empezó la democracia».

Así, ha lamentado que en España los fondos destinados a la justicia «no lleguen» al 1% de los presupuestos cuando en Europa se está «en el 2 o 2,5%». «En número de funcionarios por fiscal estamos en una media de uno por fiscal, cuando en Europa está en 12 por fiscal», ha señalado para incidir en la necesidad de «progresar».

«NO SE ESTÁ LOGRANDO UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL»

En esta línea, Suanzes ha incidido en que en los diez años transcurridos entre 2008 y 2018, se tramitaron en Galicia un total de 2,6 millones de procedimientos penales. De los más de 300.000 que se diligenciaron en 2008, el pasado año apenas se superaron los 132.000, lo que supone un 56% menos.

Con todo, según ha apuntado, «no se está logrando una justicia más ágil» ya que el número de procedimientos resueltos ascendió en 2018 a algo más de 97.000, lo que dejo un total de 35.439 asuntos pendientes, un 8,8% más que en 2017.

Por ello, ha incidido en la necesidad de «apostar clara y decidídamente por la justicia, puesto que la eficacia va inexorablemente unida a la intensificación de los medios a su disposición».

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En la presentación en la Cámara gallega de la Memoria anual del Ministerio Público, Suanzes ha vuelto a llamar la atención sobre el incremento del 20% que experimentaron en 2018 los delitos contra la libertad sexual, con un total de 1.255 incoacciones en los juzgados.

Asimimso, aunque ha explicado que en el ejercicio pasado se registró una bajada del 7,2% en el número de menores intervenidos o ajuiciados (un total de 616), ha advertido de un aumento de un 18,2% de los delitos de violencia familiar.

Además, ha indicado que también suben los supuestos de violencia de género entre menores, al pasar de 20 a 40 casos, así como los delitos contra la libertad sexual, que pasan de 55 a 73.

Suanzes ha vuelto a desgranar estos datos en una comparecencia en la que también se ha referido a la seguridad vial, en la que los delitos aumentaron un 1,7% y encadenan dos ejercicios consecutivos de incremento tras varios años de clara bajada.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En la sesión, tras la intervención del fiscal superior, el portavoz del Grupo Mixto, Luis Villares, ha considerado que los trámites iniciados para la creación de fiscalías anticorrupción en Galicia van «en la línea de las peticiones unánimes» de los grupos de la oposición en la Cámara y ha afeado la «posición cobarde» del PP que «se negó a posicionarse a favor».

De este modo, también Carmen Santos (Grupo Común da Esquerda) ha celebrado los pasos adoptados por Suanzes para poner en marcha órganos específicos anticorrupción en Galicia y ha cargado contra la posición del PP a este respecto.

Además, la parlamentaria ha llamado la atención sobre la necesidad de incrementar el número de juzgados específicos en materia de violencia de género y ha mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones entre los menores de edad.

Por su parte, el nacionalista Luís Bará ha cuestionado que sea a «finales de 2019» cuando la fiscalía presente su memoria de «2018» y ha apostado por «tomar con cautela» los datos correspondientes a un ejercicio que estuvo marcado por la huelga de los empleados públicos en este sector.

En su intervención, la socialista Patricia Vilán ha reclamado el refuerzo de las medidas judiciales contra la violencia de género al amparo del Pacto de Estado contra esta problemática y ha subrayado la necesidad de «garantizar la protección de las víctimas y de atenderlas como corresponde en las dependencias judiciales».

En su discurso, además, la parlamentaria del PSdeG ha considerado necesario apostar por el uso del gallego en la justicia, una cuestión con la que ha coincidido el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy.

Precisamente, Pedro Puy ha rechazado las críticas del Grupo Mixto y de Común da Esquerda a la posición mantenida por el PPdeG sobre la creación de las fiscalías anticorrupción. «Siempre hemos dicho que, en lo que respecta a la organización del trabajo de la fiscalía anticorrupción, apoyaríamos las decisiones que los profesionales decidieran», ha señalado.

Además, ha aprovechado para destacar el aumento de los fondos que los presupuestos autonómicos de la Xunta para 2020 destinan a la justicia y que, como ha señalado, se deben a que el próximo año se cumplirá el «100%» de los acuerdos alcanzados durante la huelga de justicia.