El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

En concreto, con esta iniciativa el Gobierno propone rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

En la línea de centrar la reducción de ratios en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, establece que las Administraciones educativas y los centros procurarán una distribución equilibrada del alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Establece además que cada alumno con necesidades educativas especiales computará como dos plazas, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, compensando de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado.

En el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

El calendario de aplicación de la norma prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado necesidades educativas especiales entren en vigor en el curso 2026/2027.

Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Respecto a las etapas que no son obligatorias, como Educación Infantil o Bachillerato, el anteproyecto marca que, una vez aprobado, se da un plazo de seis meses para modificar el real decreto y, por tanto, las ratios de las etapas educativas no obligatorias.

Una vez aprobada la ley, se establecerá un calendario de seis meses para modificar un real decreto que modifique las ratios de las etapas no obligatorias.

«Damos un paso muy importante con este anteproyecto de ley, porque si claramente queremos mejorar la educación, esas reformas y esas mejoras no se pueden hacer si no contamos con los principales protagonistas, los que están todos los días al frente de nuestras aulas», ha manifestado este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La también portavoz del Gobierno ha explicado que este anteproyecto de ley «busca también trasladar un reconocimiento y devolver al lugar que merecen a los profesores y a los docentes» en España.

Igualmente, ha puesto en valor que esta iniciativa busca mejorar la calidad del sistema educativo español y mejorar la atención educativa de los estudiantes.

«Si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país», ha señalado Alegría.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley en primera vuelta, el Ministerio comenzará a dialogar con las comunidades autónomas y con los sindicatos, con los que ya han mantenido diversas reuniones para desarrollar esta norma, en las distintas mesas sectoriales.

«Espero y deseo que haya un voto generalizado y un apoyo generalizado por los sindicatos y también por supuesto por las comunidades autónomas de dar este paso tan importante que mejora no solamente la ratio de nuestras aulas, sino también la carga lectiva de nuestros docentes», ha comentado la ministra, que prevé que el Gobierno aprobará este proyecto de ley en enero y lo remitirá al Congreso de los Diputados.

La ministra ha asegurado que tiene la confianza de que este proyecto de ley saldrá adelante durante su tramitación parlamentaria, a pesar de que Junts haya roto su acuerdo con el Gobierno. «Espero y deseo, y desde luego lo vamos a trabajar, para que salga adelante», ha zanjado.