Las aportaciones del grupo mayoritario del Parlamento de Galicia, el PPdeG, que sustenta al Gobierno que dirige Alfonso Rueda, al Proyecto de Ley del Clima inciden en que el criterio ambiental se tenga en cuenta también en la compra de fármacos y productos por parte del sistema sanitario público gallego, así como en las tecnologías sanitarias.

Así lo constatan las enmiendas registradas por los populares, analizadas por Europa Press, en el marco de la tramitación de esta ley que se propone alcanzar la neutralidad climática en la comunidad en el horizonte del año 2040, pero también incide en otras cuestiones, como impulsar incentivos fiscales para premiar la reducción de emisiones o potenciar la contratación pública con criterios ‘verdes’.

Es precisamente en el artículo 25 relativo a la integración de criterios climáticos en la contratación pública donde los populares profundizan en la perspectiva sanitaria con una enmienda de adición, que, salvo cambio pactado con el resto de grupos durante el periodo de tramitación parlamentaria, se podrá incorporar al texto legislativo de forma automática y en sus términos, dada su mayoría absoluta.

En concreto, dicha enmienda –una de las cinco que registran– fija que en los procedimientos de adquisición y contratación de medicamentos y productos sanitarios del sistema público de salud de Galicia se «priorizarán» aquellos que generen un menor impacto ambiental, «siempre que se mantengan los mismos niveles de eficacia y seguridad para los pacientes».

Pero los populares, que en total han registrado cinco enmiendas al texto, también plantean una nueva disposición adicional en relación a las tecnologías sanitarias.

En concreto, certifican que las administraciones responsables de la prestación farmacéutica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) evaluarán el impacto ambiental de las tecnologías sanitarias y también «priorizarán» aquellas que, «con la misma eficacia y seguridad que las alternativas disponibles», aporten beneficios para el medioambiente.

«MEDIDAS DE COMPENSACIÓN»

El PPdeG también propone modificar un apartado del artículo 1, relativo a la neutralidad climática, para incidir en la importancia de implantar medidas de compensación.

Si se incorpora la redacción de los populares al texto legal, el artículo fijará la meta de «alcanzar la neutralidad climática» en Galicia «en el horizonte del año 2040», empleando para ello «todas las actuaciones de descarbonización» recogidas en la ley, «junto con los mecanismos de financiación que soporten dichas actuaciones y las medidas de compensación que resulten necesarias».

Del mismo modo, en el artículo que recoge los principios que deben guiar la aplicación e interpretación de la ley, los populares proponen un nuevo punto centrado en la «neutralidad tecnológica, permitiendo la contribución de todas las tecnologías y soluciones disponibles que acrediten ser compatibles» con los objetivos de la norma.

Asimismo, en la exposición de motivos, en el ámbito de la apuesta por fuentes renovables, se pone el foco en la producción y uso de gases renovables, como el hidrógeno, biogás y biometano, y también de la protección y restauración de bosques y otros ecosistemas.

EVITAR EL ‘GREENWASHING’ EMPRESARIAL

Con menos visos de salir adelante ante la mayoría absoluta de los populares –aunque en la tramitación se verá los acuerdos que se alcanzan y si la formación que lidera Alfonso Rueda acepta en los términos registrados alguna propuesta de la oposición– tanto BNG como PSdeG han registrado numerosas enmiendas a la ley del clima que salió de la Consellería de Medio Ambiente: 56 el BNG y 62 el PSdeG.

Nacionalistas y socialistas comparten puntos de preocupación en los que aspiran a «mejorar» la norma del clima, como es el caso de la «justicia» social desde la perspectiva climática o de transición energética, y la necesidad de profundizar en la perspectiva de género.

El BNG, por ejemplo, plantea la declaración de emergencia ambiental y climática «como el mayor reto colectivo del planeta y de la humanidad» y se incide en que debe ser tenida en cuenta en las múltiples perspectivas de las políticas públicas; o la creación de un comité científico en materia de cambio climático, que actuará «con autonomía orgánica y plena independencia funcional».

Los nacionalistas también registran una enmienda en la que hacen constar que la participación en la ‘Alianza Galega polo Clima’ «no podrá suponer una estrategia de ‘greenwashing’ empresarial». Y piden suprimir de forma completa algunos artículos como los de reconocimiento de iniciativas de excelencia climática, el del registro de promotores de neutralidad climática o el de integración de la perspectiva climática en la gestión patrimonial.

COLABORACIÓN FINANCIERA DE LA XUNTA

Por su parte, el PSdeG incide, entre otras cuestiones, en la garantía de que la transición energética se realice «protegiendo la competitividad de las empresas y el equilibrio territorial, atendiendo a las necesidades específicas del medio rural, de los sectores productivos estratégicos y de las economías locales».

Y pone el foco en que, con el fin de garantizar el cumplimiento «efectivo» de los objetivos de mitigación del cambio climático y transición energética recogidos en los planes de acción climática elaborados por las entidades locales al amparo en lo previsto en la ley, la Xunta «deberá establecer instrumentos de colaboración financiera dirigidos al apoyo de su ejecución».