Los grupos de la oposición en la Cámara gallega –PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto– han criticado las modificaciones normativas que incluye la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, puesto que consideran que el grupo mayoritario, el PPdeG, comete un «fraude parlamentario» al emplear esta vía para enmendar textos legislativos «que en algunos casos fueron aprobados hace tres meses».

Este martes, los votos del PpdeG en la Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos han servido para sacar adelante el dictamen del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que va ligada a los presupuestos de la Xunta para 2020, que encara su última fase de aprobación con el pleno convocado para la próxima semana.

Entre las modificaciones legislativas incluidas por el PP a través de enmiendas a la ley de acompamiento figura la ampliación de cuatro a seis años de las declaraciones de impacto ambiental, que ha sido denunciada por la oposición como una vía de «desprotección» del patrimonio natural de Galicia; a lo que el PP ha respondido que la medida está pensada «para las concentraciones parcelarias, que son de todo menos de ricos y poderosos».

Frente a las críticas de la oposición, que considera el «abuso» de esta herramienta como una muestra de «los errores», «las prisas» y «la falta de previsión y de proyecto» del Gobierno gallego a la hora de legislar, los populares han defendido que este mecanismo es «legal» y que «se utiliza» en otras administraciones.

«Como jurista, no es el mecanismo que más me gusta (para legislar). Pero eso no quiere decir que no sea útil, legal y que no se utilice», ha indicado la diputada del PP Paula Prado, que ha manifestado que el Constitucional «avaló» su legalidad y ha puesto como ejemplo que el Gobierno valenciano «presentó una ley de medidas sin presupuesto», algo que ha calificado como «el colmo».

«Ustedes siempre se comparan con los peores. A ver si alguna vez se comparan con los mejores», ha respondido en su turno Noa Presas (BNG), que, en la línea de lo expuesto por el resto de grupos, ha lamentado que el PP use este mecanismo «para introducir cambios legislativos que nada tienen que ver con la política presupuestaria».

EL PSDEG VOLVERÁ AL CONSTITUCIONAL

Por su parte, el PSdeG ha avanzado que volverá a llevar al Tribunal Constitucional las enmiendas de la ley de acompañamiento, como ya hizo el pasado año en un recurso de amparo que todavía está pendiente de resolver.

«Año tras año usan este mecanismo para enmendar leyes que no tienen relación con el ámbito tributario. Es legal, pero constituye un fraude parlamentario», ha apuntado la diputada socialista Teresa Porritt, que también ha afeado a Grupo Común da Esquerda que presentasen enmiendas «siguiendo la misma vía».

LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y SUELO

En su turno, el diputado de Común da Esquerda Antón Sánchez ha puesto el foco en tres de las modificaciones legislativas que incluye el PP en la ley de acompañamiento: por un lado, la posibilidad de «monetizar» la reserva del 30% en proyectos urbanísticos, la «limitación» a 15 años de la prescripción de la obligatoriedad a reparar el daño causado al medio natural y la posibilidad de regular como «viviendas tradicionales» edificaciones como «naves industriales o galpones».

Para Pancho Casal (grupo mixto), otro de los «errores» cometidos por el PP con sus enmiendas a la ley de acompañamiento está en la apertura de titulaciones exigidas para optar a un determinado puesto en la administración, pues «para cada responsabilidad técnica» debe contarse con un profesional «con una formación específica».