El Parlamento gallego ha mostrado su «más profundo respeto, apoyo y solidaridad» con los defensores de los derechos humanos, al tiempo que rechaza la «criminalización» de estas personas por parte de «determinados sectores económicos y políticos» contra su «labor pacífica».
Así se expresa la Cámara en una declaración institucional a raíz de la acogida temporal en Galicia de tres participantes de una nueva edición del programa Galicia Abriga: las guatemaltecas Juventina López y Ana Doni y la salvadoreña Milagro de la Paz.
La Cámara autonómica muestra su apoyo a estas personas cuya integridad está amenazada por «motivo de su labor».
Por tal motivo, apela a las instituciones públicas a un «pleno cumplimiento» en sus obligaciones de protección y reconocimiento a los defensores de los derechos humanos.
También reconoce «el valioso labor desarrollado por los programas de protección temporal» de estas personas, el compromiso de las ONG y de la política gallega de cooperación.
Por todo ello, solicita a la Xunta, Gobierno de España y valedora do Pobo que «activen los mecanismos necesarios para garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas defensoras en cualquier país del mundo».
