El presidente del Consello Consultivo, Andrés Lago Louro, defiende que, «desde el punto de vista estrictamente jurídico, es una buena decisión» el cambio que incluye la Xunta en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 para modificar la adscripción de la Comisión da Transparencia de la Valedora do Pobo al Consultivo, por lo que dice estar «conforme».

En comisión parlamentaria, Óscar Ínsua (BNG) ha cuestionado «cuáles son las razones» del cambio en el órgano de transparencia, que «sorprendió» a la propia valedora do Pobo, pues «no constaba ningún tipo de retraso ni queja». Denuncia que el PPdeG de Alfonso Rueda «quiere controlar todo» y alerta de esta modificación como «un intento de controlar» a la Comisión da Transparencia.

En este línea, Patricia Iglesias (PSdeG) ha denunciado el «abuso» de la ley de acompañamiento para cambiar decenas de normas, en lo que incluye este cambio de adscripción de transparencia al Consultivo, de lo que dice «desconfiar». Si bien asegura «no dudar» de la «independencia» de los miembros del Consultivo, advierte de la «falta de transparencia y opacidad cada vez más manifiesta por parte del Gobierno gallego».

Al respecto, Lago Louro justifica esta decisión como una «medida de reforzar la calidad técnica en resoluciones que dicte la Comisión da Transparencia», pues reflexiona sobre «qué mayor garantía existe» que una «correcta fundamentación jurídica».

«Yo no digo que estuviese mal adscrita al valedor do Pobo», sostiene sobre transparencia, pero apunta que la valedora do Pobo tiene más como función que «se respeten los derechos fundamentales de las personas», «no es un órgano de resolución jurídica». Contrapone que en el Valedor do Pobo no hay «ningún» letrado y en el Consultivo «hay siete».

Y es que opina que el Consultivo es un órgano «desaprovechado» al dedicar el «70%-80%» de sus dictámenes a casos de responsabilidad patrimonial, como puedan ser caídas en la calle, lo que provoca a sus miembros «cierta frustración». Por ello, cree que pueden «hacer mucho más» con su composición y capacitación.

Así, Lago Louro valora que se pueda «aprovechar la capacidad jurídica y técnica» del órgano que preside para «reforzar» la Comisión da Transparencia, al tiempo que pide «un voto de confianza».

Mientras, Julio García Comesaña (PPdeG) resalta la «total autonomía técnica» y el «prestigio» del Consultivo, por lo que censura que la oposición busque «poner en duda esta independencia».

MÁS DE 400 DICTÁMENES

Por otra parte, Lago Louro ha dado cuenta de un presupuesto para 2026 del Consultivo marcado por la «continuidad», con una partida casi idéntica al año pasado, con 2,4 millones. Observa que la actual financiación «es suficiente» para «poder seguir garantizando una correcta prestación de este servicio en el futuro próximo».

También ha hecho balance de que el Consultivo lleva emitidos en lo que va de 2025 un total de 407 dictámenes, con una docena de proyectos normativos, por lo que cerrará el año con una cifra similar a 2024.

La Xunta sigue suponiendo el grueso de esos informes, con 234, aunque seguida «cada vez de modo más inmediato» por la administración local, con 171 consultas. La mayoría de estas consultas pasan por materia de responsabilidad patrimonial y asistencia sanitaria, que ocupan cerca del 80% del total. El 20% restante pasa por temas de contratación pública y revisiones de oficio, entre otras cuestiones.

Valora que hay un seguimiento de las administraciones de cerca del 90% de lo que resuelve el Consultivo, lo que «da fe» de la «calidad» de los dictámenes. Añade que se ha rebajado el tiempo de respuesta en el último año de 23 a 19 días.

Lago Louro apuesta por un Consultivo que sea «más conocido cara la sociedad» y que sea «más proactivo».

NUEVO INFORME DEL CES SOBRE SALUD MENTAL

En la mañana de este jueves también ha comparecido el presidente del Consello Económico e Social de Galicia (CES), Manuel Pérez Álvarez, para informar de un presupuesto «continuista» de cerca de 1,2 millones, fundamentalmente destinado a gastos de personal y funcionamiento ordinario.

Pérez Álvarez asevera que estas cuentas «garantizan la cobertura de necesidades básicas del organismo», con «premisa hacer más y mejor» en un marco de «austeridad».

Paralelamente, ha explicado que en lo que va de 2025 se han emitido tres dictámenes sobre el plan director de automoción, naval y conductas adictivas. Avanza que, en la primera mitad de noviembre, el CES presentará un informe sobre salud mental.

Durante el debate, Ramón Fernández Alfonzo (BNG) ha alertado de la «persecución» del PP al «rigor, pluralismo e independencia» de organismos como el CES. Asimismo, Patricia Iglesias (PSdeG) ha lamentado la «brecha» entre las funciones de los informes de este órgano y su «efectividad real», respecto a lo cual ha puesto como ejemplo «la crítica» del CES al anteproyecto de ley de prevención de conductas adictivas.