El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que el Gobierno gallego aprobará en un Consello de la Xunta del próximo mes de noviembre el inicio del trámite de la ley de Administración Local de Galicia.

El objetivo, ha recordado, es proceder a una revisión integral de la ley vigente y ha incidido en que, «por su trascendencia», es importante contar «con el mayor consenso posible» para hacer «entre todos una ley mejor».

Así lo ha trasladado en su comparecencia este jueves en la Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos, donde ha detallado área a área las cuentas del departamento que dirige.

En concreto, el conselleiro ha defendido unos presupuestos que ascienden a casi 585 millones de euros, destacando «la apuesta por el fomento del deporte, la acción exterior gallega y la movilidad sostenible y accesible».

Así, además de poner en valor el «incuestionable apoyo» a los ayuntamientos y las acciones en materia de justicia, Diego Calvo también ha subrayado que seguirán apostando por otras áreas como las emergencias o el transporte y en que persistirán en «ampliar la capacidad de autogobierno», con el foco en la transferencia y rescate de la AP-9, las competencias para permisos de trabajo y en aeródromos, así como la colaboración de avisos meteorológicos entre la Aemet y Meteogalicia.

POLICÍA ADSCRITA

Asimismo, el titular de Presidencia ha aprovechado su intervención para volver a demandar que se cubran las vacantes en la Unidad de Policía Adscrita. En este sentido, ha recordado que Galicia cuenta con «339 efectivos de los 500 contemplados en su cuadro de personal».

Sobre este tema, Calvo ha asegurado que desde la Xunta, tanto él como el presidente Alfonso Rueda han mantenido reuniones con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien le trasladaron la situación y, tal y como ha expuesto, «se comprometió por carta a que mientras no se firmaba el convenio Galicia tendría 50 plazas».

En esta línea, ha reiterado que la postura de la Xunta pasa por tratar de llegar a «un acuerdo intermedio» entre el convenio actual y el nuevo. «Pero dijeron que contestarían y aquí seguimos», ha reprochado.

Por eso, ha defendido que ahora ha llegado el momento de que las funciones que realiza este cuerpo en la Comunidad «no pueden ser desempeñadas» con los actuales efectivos, por lo que se ha iniciado «un ajuste en las funciones» que afectan al edificio de la Xunta en San Caetano y al Parlamento de Galicia. Una labor que, ha indicado, «de no cubrirse esas plazas» la llevará a cabo, «probablemente», seguridad privada.

«ARMA POLÍTICA»

A continuación, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que ha criticado las inversiones destinadas a la provincia que representa, también ha cuestionado qué supondrá que se retiren policías de estas instituciones y que «se delegue en seguridad privada».

Por su parte, Paloma Castro (PSdeG) ha acusado al representante autonómico de «utilizar» este tema para confrontar con el Gobierno central. «Todo por no firmar un convenio de confinanciación. ¿Qué pasa, la seguridad privada no cuesta?», ha preguntado.

Asimismo, ha dicho no entender por qué no toman el ejemplo de Andalucía, «que firmó a principios de año para ampliar a 700 policías adscritos y permitió comprar chalecos individuales».

«Pido que dejen de utilizar a la UPA como arma política porque desde el Estado están dispuestos a firmar ese convenio y no es cierto que se prometieran esos 50 efectivos antes de firmar el convenio», ha señalado Castro con una afirmación que le ha afeado el propio Diego Calvo en la réplica, instándola a leer la carta en la que, según ha argumentado, se recogía ese compromiso.

Sobre este mismo asunto, la popular Paula Prado ha manifestado que «el problema no es de dinero», sino de que «Pedro Sánchez se niega a completar el cuadro de personal».

Mientras, ha reprochado al BNG que quieran «sacar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y tener a su policía» y ha replicado a la diputada del PSOE que el PP «no quiere el convenio de Andalucía», sino «el que firmó Marlaska con Ximo Puig».

BNG: PRESUPUESTOS EN JUSTICIA

Por otro lado, el diputado del BNG Iago Tabarés ha destacado que los presupuestos de la Consellería «reflejan fielmente la gestión del PP»: «No resuelven problemas y no pretenden resolverlos, el único objetivo es presentarlos en tiempo».

Tras reprochar que este departamento «no tiene sentido» porque abarca «muchas materias», el parlamentario nacionalista ha puesto el foco en el ámbito de Xustiza, ya que considera que las medidas previstas «no revierten el colapso».

También ha pedido coherencia a la Xunta en cuanto a la demanda de «transferencia de planta judicial» y sobre los juzgados de violencia sobre la mujer. «Galicia no ejerció las competencias», ha censurado antes de lamentar que las cuentas «no contemplan la creación de nuevas unidades judiciales».

A ello ha respondido en su turno de réplica Diego Calvo, que ha lamentado que el Gobierno «decidió unilateralmente transformar los juzgados número 8 de A Coruña y de Vigo en juzgados de violencia sobre la mujer».