El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el catálogo de vestigios franquistas que establece la Ley de Memoria Democrática de 2022 y lo hará para «retirarlos de una vez por todas» de las calles españolas.

Lo ha dicho en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en respuesta a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha pedido «acabar con los espacios de impunidad» de los que, a su juicio, disfrutan «el franquismo y el fascismo». «Si no lo hace, todos pagaremos esa permisividad», también ustedes, le ha avisado.

Aizpurua ha alertado de que en los últimos meses se han visto actuaciones de «ultras en la Universidad de Barcelona», «cacerías nazis en Torre Pacheco (Murcia), concentraciones «franquistas en Ferraz», «neofascistas encapuchados amenazando» en vecindarios y «matones ultras desahuciando». Y ha denunciado que todo esto sucede «con impunidad» porque «ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna».

En este contexto, ha dado por hecho que el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera, «volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle» y que tampoco hará «sanciones» ni «detenciones».

«Es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos», ha indicado, emplazando a que las instituciones y los gobierno apliquen un «compromiso antifascista», no sólo para impedir el acceso de los «ultras» a los gobiernos, sino también para acabar con «la impunidad de la que gozan el franquismo y el fascismo español».

ILEGALIZACIÓN DE FALANGE

En concreto, ha reclamado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para impedir esos actos de «exaltación fascista», que se actúe también contra los «discursos de odio, los señalamientos y amenazas racistas, homófobas y machistas» e incluso ha apuntado a la ilegalización de Falange. «Tomen medidas contra organizaciones como Falange, ese partido único franquista, aún hoy legal, y el resto de grupos neofascistas», ha dicho.

El presidente ha defendido las medidas en materia de memoria puestas en marchas por el Ejecutivo, como la nueva ley, heredera de la impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha aprovechado para anunciar que «antes de que acabe noviembre» estará publicado el citado catálogo de símbolos franquistas.

El artículo 36 de esa ley de 2022, que el Gobierno pactó con Bildu, prevé la elaboración por parte de la Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las administraciones públicas, de ese catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados.

Sánchez ha señalado que, además de esa nueva norma, que ha calificado de «valiente», se ha reformado la ley de asociaciones para poder actuar contra asociaciones franquistas y ha mencionado, en concreto la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura tiene desde antes del verano toda la documentación que se requiere legalmente para instar la ilegalización de esta fundación pero aún no lo ha hecho.

«La memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser lógicamente respetuosa con los principios de tolerancia y democracia, que defiende y están encardinados en la Constitución Española», ha concluido el presidente.

EL «ASCO» DEL PP

Aizpurua le ha recordado que «un Gobierno se hace valer no por lo que dice, sino por lo que hace» y ha incidido en que «es momento de hacer, y en este tema más que en otros» porque están en juego «los derechos de la ciudadanía».

«Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente para asesinarla, haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!», le ha espetado al presidente la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, haciendo referencia a Aizpurua.

Muñoz ha hecho este comentario antes de interrogar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien le ha respondido: «Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia».