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El Gobierno modifica la regulación para garantizar la rentabilidad de las renovables en precios cero

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El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un real decreto que modifica el real decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (Recore), al que están acogidas más de 62.000 instalaciones, manteniendo así la rentabilidad regulada de las centrales al modificar el cómputo de la energía vendida a precio cero y de la no vendida por restricciones técnicas en las horas mínimas de funcionamiento que se les exigen.

En concreto, los ingresos anuales de las instalaciones acogidas al Recore se reducen si su número de horas equivalentes de funcionamiento -el cociente entre la energía vendida y la potencia instalada- se encuentran por debajo de un mínimo fijado para cada tipo de instalación.

De esta manera, con el objetivo de que el nuevo entorno de precios bajos no afecte a su rentabilidad regulada, ahora no se minorarán las horas equivalentes de funcionamiento por la energía vendida en horas con precio cero durante seis horas consecutivas o más, ni tampoco por la energía no vendida como resultado del proceso de restricciones técnicas, informó el Ministerio.

Además, las nuevas disposiciones incrementan la seguridad de suministro, al aumentar la visibilidad y el control del operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE); también facilitan la integración del almacenamiento o refuerzan la sostenibilidad de tratamiento de residuos.

En este sentido, el Real Decreto amplía las obligaciones de adscripción a un centro de control para las instalaciones de generación, y se incluyen también los almacenamientos, que tendrán que remitir telemedidas en tiempo real al operador del sistema y recibirán consignas de operación. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte también deberán enviar telemedidas a REE.

Asimismo, para potenciar la penetración del almacenamiento y de tecnologías flexibles, se modifica el orden de prelación del redespacho a la baja no basado en el mercado, suprimiendo el concepto de generación no gestionable e incorporando de forma expresa el almacenamiento.

PRIORIDAD PARA EVACUAR A LAS RENOVABLES, INCLUYENDO ALMACENAMIENTO.

De este modo, tendrán prioridad para evacuar la energía producida las instalaciones de renovables, incluyendo aquellas con almacenamiento, cuando la potencia del almacenamiento sea menor que la potencia de la instalación renovable; las de cogeneración de alta eficiencia, incluyendo aquellas con almacenamiento, y después el resto de tecnologías.

El operador del sistema también podrá dar preferencia a las instalaciones que más contribuyan a garantizar la seguridad y la calidad del suministro.

Por otra parte, trasponiendo normativa europea y cumpliendo lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, se incorpora el principio de la jerarquía de los residuos a la normativa sectorial y se establece la obligación de certificar la recogida separada de residuos para que la incineración pueda percibir el Recore.

Además, se establece que la retribución de las plantas de tratamiento se ajustará en función del porcentaje de combustible que no acredite dicha recogida separada para la energía eléctrica generada. También cumpliendo la legislación comunitaria, se establece un límite de emisión de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora (kWh) para las nuevas instalaciones de cogeneración y las renovaciones sustanciales de las existentes.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA LA COGENERACIÓN

Igualmente, la cogeneración tendrá más flexibilidad para vender toda su energía neta generada en el mercado o en régimen de autoconsumo, permitiendo a las plantas cambiar de una opción a otra de forma trimestral en lugar de anual.

También este nuevo decreto, atendiendo a circunstancias surgidas tras la erupción volcánica en La Palma o la dana de Valencia, aclara el procedimiento a seguir en caso de que se reduzca la generación de las instalaciones por causa de fuerza mayor, e introduce ajustes técnicos en la gestión de las liquidaciones del sistema realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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