El BNG y el PSdeG han coincidido este viernes al denunciar la «negativa» de la Xunta a facilitar el acceso a distinta documentación como la referida al acuerdo entre Altri y la sociedad Impulsa Galicia, un «oscurantismo» por el que los nacionalistas han iniciado acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Por su parte, el PSdeG ha solicitado el amparo de la Cámara gallega por lo que califica de «veto informativo ordenado por Rueda» al «memorando secreto» entre la Xunta y Altri y las copias de los trabajos pagados a la empresa Equipo Económico del exministro del PP Cristóbal Montoro.

Así, en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Parlamento de Galicia, el viceportavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, ha informado de que su formación ha presentado un recurso contencioso-administrativo por la «negativa reiterada» a facilitar la documentación relativa a lo que califica de «acuerdo secreto» entre el Gobierno gallego y Altri.

«Llevamos más de año y medio reclamándola» a través del artículo 9 del reglamento del Parlamento, ha denunciado Bará, que ha asegurado que tienen «indicios fundados» de que hay una relación de connivencia y de trato de favor entre la Xunta y Altri» por medio de los negocios que se hicieron a través de Impulsa.

Para el viceportavoz parlamentario y responsable de Medio Ambiente del BNG la «ocultación» que el Ejecutivo de Rueda hace los acuerdos con la pastera portuguesa es una «declaración de culpabilidad». «Si no hubiese ningún problema nos darían la información», ha señalado.

El Bloque fundamenta su demanda en la «ocultación» del «acuerdo secreto» que, según señala Bará, se plasma en el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021 entre Altri y la Sociedade Impulsa, actualmente en proceso de disolución y en la que la Xunta «tiene el 48% del capital y el 50% de los derechos de voto».

Bará ha detallado que el BNG reclama documentación sobre tres cuestiones concretas. La primera se refiere a la «alianza Impulsa-Altri recogida en ese memorando para desarrollar un proyecto industrial que, en su versión inicial, recogía la producción en Galicia de 200.000 toneladas de fibras textiles pero que derivó en algo sensiblemente diferente», en alusión a la planta prevista en Palas de Rei.

La segunda cuestión sobre la que los nacionalistas exigen información es sobre las empresas que participaron en el concurso internacional que se recoge en el memorando y «del que no se tiene ninguna noticia», así como sobre los criterios que siguió Impulsa para seleccionar a Altri frente a otras alternativas».

El memorando, según el BNG, recogía además la firma de un acuerdo definitivo avalado por el cumplimiento de una serie de cuestiones. Por ello, el Bloque denuncia que el Ejecutivo de Rueda también niega información sobre ese pacto definitivo y sobre las condiciones que «supuestamente se verificaron» entre octubre de 2021 y finales del 2022, cuando Altri solicita ya la declaración como proyecto estratégico industrial. «En este tiempo entendemos que hubo hechos que pueden ser importantes», ha sostenido.

El parlamentario del BNG, que ha vuelto a denunciar el «procedimiento torticero» utilizado por el PP para cambiar la legislación de la política industrial, ha sostenido, además, que los cambios hechos permiten que las empresas promotoras puedan reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración por las inversiones hechas en proyectos industriales estratégicos no aprobados.

«Es bastante fácil de deducir que, sabiendo que el proyecto de la macrocelulosa podía no salir adelante, se blindó esa opción de recuperar la inversión», ha advertido para recordar que, según informaciones publicadas, la pastera portuguesa destinó ya hasta 25 millones de euros a su proyecto en Galicia.

EL PSOE PIDE EL AMPARO DE LA CÁMARA

Por su parte, el Grupo Socialista ha reclamado amparo de la Cámara ante lo que califica de «veto informativo» al «memorando secreto» entre la Xunta y Altri y las copias de los trabajos pagados a Montoro. Según han explicado, se trata de un «primer paso».

Así lo han explicado en otra rueda de prensa ofrecida en el Pazo do Hórreo los diputados Aitor Bouza y Patricia Iglesias, quien, preguntada al respecto, ha explicado que se trata de «un primer paso» y no ha descartado acudir también a la vía judicial «si no se respeta el derecho de los diputados».

Ambos parlamentarios han denunciado el «silencio», las «trabas» y el «desprecio» al Parlamento por parte del Ejecutivo autonómico y el patrón basado en la «opacidad, el clientelismo y la falta de rendición de cuentas».

De este modo, Iglesias ha reclamado al Gobierno gallego el «memorando secreto» firmado entre el responsable de Altri y el entonces conselleiro de Industria Francisco Conde «como presidente de la sociedad Impulsa Galicia». Aquella entidad, según ha dicho, «supuso una chanchullada que nació y desapareció en el más absoluto oscurantismo» para dar paso a la Sociedade público privada Recursos de Galicia -RdG-, creada para «sustituir a la política publica de nuestros recursos naturales».

La parlamentaria socialista ha denunciado que el Gobierno gallego se negó hasta en nueve ocasiones a entregar los expedientes de creación de esta empresa con la justificación de que es una entidad privada pero en la que, ha puntualizado, la Xunta es socio mayoritario, forma parte del órgano de gobierno y, además, tiene derecho a voto.

«170.000 EUROS A LA EMPRESA MONTORO»

La diputada del PSdeG ha criticado la «política de amiguetes» del PP, «cuando Rueda ordena que no se rindan cuentas del fracaso de la Sociedade Impulsa y que se siga la opacidad de la sociedad RdG» e incluso cuando «decreta el voto informativo en los contratos a dedo adjudicados a la empresa de Montoro».

Sobre este punto, Aitor Bouza ha explicado que la Xunta le pagó «más de 170.000 euros» a Equipo Económico, fundada por el ex ministro del PP Cristóbal Montoro entre 2009 y 2011.

El parlamentario ha explicado que tanto el como Patricia Iglesias pudieron acceder a consultar los expedientes en la sede de la Xunta, pero no hacer una copia. En la inspección, según ha indicado, observaron que entre los contratos pagados a la empresa figura un PowerPoint de 27 páginas sobre la fusión de las cajas gallegas «sin valor técnico, usado para justificar una operación que Feijóo vendió como un éxito y que acabó siendo un desastre financiero».

Bouza ha criticado el trato «intolerable» prestado por el Gobierno gallego en su línea de «opacidad y desprecio absoluto al control parlamentario» para entorpecer el trabajo de los diputados autonómicos y ha denunciado el intento de «esconder» que la Xunta empleó fondos públicos para «favorecer a una empresa amiga vinculada a un exministro del PP, en un ejemplo claro de clientelismo político y puertas giratorias».

En aquellos años, coincidido con la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, ha denunciado que le encargaron a esta consultora «una serie de informes de contenido genérico», «sin referencia ninguna a la realidad gallega y sin utilidad práctica».