La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá este miércoles 1 de octubre en el Pleno del Senado para informar sobre la gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores tras ser reprobada en el Congreso de los Diputados.

En concreto, está previsto que la ministra comparezda a las 09:00 horas en la Cámara Alta «para informar de la gestión del Ministerio de Igualdad y las consecuencias que ello está provocando en la protección de las mujeres y la salvaguarda de su dignidad», según se desprende del orden del día del Pleno.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por «fallos» en las pulseras telemáticas para maltratadores. Si bien, recientemente aseguró que «las víctimas siempre han estado protegidas», defendió que hubo «problemas puntuales» pero que el dispositivo funcionaba «correctamente».

Según explicó Redondo sobre las pulseras, los «fallos técnicos» se produjeron «en un contexto en el que la adjudicataria saliente tenía que ceder todos los datos a la adjudicataria entrante» y añadió que «se resolvieron». Telefónica se encargó del servicio de los dispositivos hasta 2024, cuando comenzó a prestarlo Vodafone.

Fiscalía también apuntó en su Memoria que el centro de control Cometa, encargado del seguimiento y funcionamiento de las pulseras, informó «reiteradamente» a los juzgados que no podían facilitarles la información anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Después de que se conocieran los fallos de las pulseras, por parte del Ministerio de Igualdad ha sido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quien dio explicaciones sobre los dispositivos el jueves en comisión en el Congreso.

En su intervención, Martínez Perza pidió disculpas a las víctimas por la polémica con los dispositivos y no descartó penalizaciones por las incidencias que se produjeron en 2024 en la migración de los datos de una empresa a otra.

Igualmente, la delegada indicó que el «número importante de casos» a los que se refiere Fiscalía en cuanto a fallos en pulseras, «no es más que una valoración opinativa que no se corresponde con datos». «Yo pedí inmediatamente a la Fiscalía estos datos. Hasta ahora no se me han proporcionado la información en la que se puede sostener este número importante de casos», defendió.

También denunció informaciones que, según destacó, han contribuido a «generar alarma social y a poner en entredicho» la fiabilidad de un instrumento que ha tildado de «esencial» para la protección de las víctimas de violencia de género.

Precisamente, este mismo miércoles el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa del PP para reprobar a Redondo por su gestión en los dispositivos antimaltrato. En concreto, contó con 170 votos a favor (PP, Vox y UPN), 162 en contra (PSOE y socios) y 16 abstenciones (ERC y Junts).

EL PP PIDE EL CESE DE REDONDO Y UNA AUDITORÍA

Por su parte, el PP, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada el martes en el Congreso, exigió el cese de Redondo por los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, que el Gobierno pida perdón a las víctimas, una auditoría independiente y un sistema «seguro y fiable».

«La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, audiencias nacionales, policías y hasta con testimonios de las propias víctimas», aseguró la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Mientras, la ministra ha defendido en diferentes ocasiones en los últimos días que las víctimas han estado protegidas «en todo momento» y que el sistema Cometa «funciona». También ha acusado al PP de difundir «bulos y mentiras» sobre esta cuestión.

En un principio, Redondo aseguró que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los «fallos técnicos» en las pulseras antimaltrato no llegaban «al 1%».

«Nosotros barajamos un número muy pequeño de casos, un número que no llega al 1% de casos», afirmó en una entrevista en La 2, recogida por Europa Press.

No obstante esta semana la ministra expuso en declaraciones a medios en el Congreso que «probablemente, no existen» sentencias absolutorias como consecuencia de la falta de datos de geolocalización del agresor.