El exalcalde de Santiago de Compostela Xosé Sánchez Bugallo acudió este jueves al Juzgado de Instrucción número 1, en la capital gallega, para declarar como testigo en el caso Desproi, que propició la dimisión del entonces concejal de Medio Rural José Manuel Pichel, tras conocerse que había formado parte del accionariado de la empresa a la cual se le adjudicó un contrato para albergar servicios de la concejalía que él dirigía.
Así, Bugallo, que no ejerce actualmente ningún cargo público tras dejar su acta como senador, fue citado para declarar ante la titular del juzgado, Ana López-Suevos, a las 11.45, y abandonó la sala de vistas B poco menos de una hora después. A la salida de la comparecencia, el exalcalde no quiso dar ninguna declaración ni responder a las preguntas de la prensa.
En concreto, el caso de la compañía Desproi Patrimonial S.L. se remonta al año 2021, cuando Bugallo presidía la corporación municipal y la Xunta de Goberno Local. José Manuel Pichel era, en aquel momento, el concejal de Medio Rural y dimitió tras descubrirse que este era socio de Desproi a través de otra empresa, llamada Gaia.
Los hechos indican que Desproi había sido contratada por el consistorio compostelano para trasladar las oficinas de Medio Rural y Parques y Jardines, después de que estos departamentos fueran desalojados de su anterior ubicación, en la antigua estación de autobuses.
ALQUILER DE NAVE Y «ERROR CONSIDERABLE»
El exconcejal Manuel Pichel, que en el aquel entonces era miembro del grupo de gobierno socialista, es actualmente el único figura como imputado en la investigación sobre el alquiler de una nave a Desproi.
La empresa en la que el exconcejal era socio alquiló las instalaciones de una nave en el polígono de Costa Vella para ubicar las entonces nuevas oficinas de los departamentos municipales.
Cuándo dejo el gobierno municipal, Pichel declaró haber cometido un «error considerable» al «no haber comunicado al alcalde Bugallo ni al resto de la Xunta de Goberno» su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo «sin mala fe».
El PP de Santiago de Compostela fue quien presentó la denuncia que abrió la vía judicial del caso Desproi y que, en principio, había sido dirigida a «todos los miembros de la junta de gobierno local».
