El próximo 21 de octubre se celebrará en Santiago de Compostela una reunión de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones en la que se debatirá un cambio en la fórmula de financiación de los territorios.
Según ha anunciado la Xunta este martes, el encuentro ha sido convocado por el presidente de la Comunidad gallega, Alfonso Rueda, que también preside la delegación española, para que las autonomías tengan la posibilidad de «exponer sus posiciones particulares».
Asimismo, pasado el encuentro la Xunta ha trasladado que habrá «una declaración común para ser defendida en Bruselas».
LA PROPUESTA
La Xunta explica que el pasado 16 de julio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 para la Unión Europea.
En esta posible nueva formulación del órgano ejecutivo, el presupuesto alcanzaría los 2 billones de euros, un 1,26 % de la renta nacional bruta promedio de la Unión Europea para ese mismo período.
Tal y como indica la Xunta, los datos «suponen un ligero aumento respecto al presupuesto anterior», sin embargo las comunidades autónomas «han mostrado su desacuerdo con este nuevo enfoque».
RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN
En calidad de presidente de la delegación española, Rueda entregó un documento con la posición común de las comunidades al comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.
En ello, las 17 comunidades «reconocían la importancia de la política y los fondos de cohesión para el desarrollo y la reducción de las diferencias entre regiones europeas», y así «manifestaban su preocupación por la deriva del debate sobre el MFP 28-34».
La administración gallega y del resto de las autonomías consideran que la Política de Cohesión que se desarrolló en parte debido a planes regionales «demostró ser una herramienta adecuada para alcanzar el objetivo de reducir las disparidades entre los territorios».
En esta línea, el titular de la Xunta también «defendió la labor que se realiza desde las comunidades» y alegó que «Galicia es un ejemplo de buenas prácticas y eficiencia en el momento de la aplicación de estos instrumentos de financiación».
Con todo, el Gobierno gallego argumenta que la «centralización del reparto y gestión de estos fondos no solo es contraproducente a nivel organizativo, sino que implicaría que el acceso de las regiones a estos fondos sería más complejo».
