El Gobierno ha confirmado este miércoles que ha respondido ‘in extremis’ al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Todo ello después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.

Ahora, el Ejecutivo central ha informado de que esta misma mañana se ha remitido una respuesta «amplia» del último dictamen de Bruselas, «en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificada a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España».

«Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», añaden desde el Ministerio en unas escuetas declaraciones enviadas a los medios de comunicación, donde no se recoge la respuesta enviada a Bruselas.

Además, el Gobierno ha aprovechado para volver a cargar contra el PP, insistiendo en que la prórroga de la concesión de la autopista hasta 20248 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. «Le corresponde al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos», apuntan.

«Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión», han subrayado desde el Ejecutivo, destacando las bonificaciones de peajes puestas en marcha.