La Xunta, pero también las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, tendrán la obligación, una vez que se apruebe la nueva Ley del Clima de Galicia, de introducir en sus normas presupuestarias anuales la perspectiva climática. Es más, en el caso del Gobierno gallego, sus cuentas tendrán que incluir partidas específicas para «la adaptación y mitigación» del cambio climático.

Así lo determina el proyecto de la Ley del Clima, al que ha tenido acceso Europa Press. Fue aprobado este lunes por el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda con el objetivo de que reciba luz verde definitiva en el Parlamento antes de que finalice este año y, entre otras cuestiones, remarca la finalidad de que las administraciones se doten de «presupuestos climáticos».

Dicha obligación, agrega, afectará a las cuentas de la Administración autonómica, pero también de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones. En el caso de la Xunta, los deberes irán más allá puesto que sus cuentas deben tener partidas conducentes a combatir el cambio climático, cuya incidencia se reconoce específicamente en la ley.

Para el cumplimiento de dicha obligación, el borrador de la norma determina que los proyectos de ley de presupuestos deberán acompañarse de una memoria que especifique las inversiones que ejecuten medidas del ‘Plan Rexional Integrado de Acción Climática’ o que supongan la integración de la perspectiva climática en otros planes sectoriales, y determine la contribución de las inversiones a los objetivos climáticos.

Sobre otros aspectos, con el foco en la contratación pública ‘verde’, en el plazo de un año desde su entrada en vigor se elaborará un programa específico para implantar y desarrollar criterios climáticos en los contratos públicos, criterios que, en todo caso, se integrarán de forma progresiva. Asimismo, se diseñará un catálogo que defina y detalle las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los distintos tipos de contratos.

En todo caso, el criterio primordial que se pretende introducir progresivamente en las contrataciones del sector público gallego es la huella de carbono, entendida como la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a una organización, evento, actividad, producto o servicio concretos y cuantificada en toneladas equivalentes de CO2.

La normativa también prevé que, en el marco de sus competencias, la Xunta modifique los instrumentos fiscales existentes con el fin de incentivar el sector privado a impulsar acciones que contribuyan a conseguir los objetivos en materia de cambio climático y se creará un Registro gallego de promotores de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria. E introduce la coletilla de que fomentará que los entes locales también «adapten» sus herramientas fiscales en la misma línea.

Igualmente, según anticiparon ya esta semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se pondrá en marcha el llamado sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta, que permitirá que empresas, organizaciones o ciudadanos puedan compensar emisiones GEI comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases (iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables). Está previsto que se apruebe el decreto regulador en las próximas semanas.

NUEVA OFICINA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Con la meta de lograr la neutralidad climática en el horizonte del año 2040, una década antes del plazo fijado por la Unión Europea (UE), la Xunta se apoyará en tres instrumentos, empezando por la ‘Estratexia Galega de Cambio Climático’, en la que se fijó por primera vez el compromiso de una Galicia climáticamente neutra.

Los dos instrumentos restantes son los planes regionales integrados de acción climática, que marcan la hoja de ruta y las medidas concretas para adoptar cada cinco años para cumplir los objetivos de la estrategia autonómica; y los planes de acción local por el clima, que la ley fija como obligatorios para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el fin de reforzar a nivel local las acciones de mitigación y adaptación.

De hecho, 17 de los 23 ayuntamientos gallegos que se encuentran en esta franja de población ya han elaborado y presentado su propio plan de acción.

Asimismo, para avanzar en la gobernanza y en la dimensión social de las políticas de clima, la ley reconoce y refuerza el papel de órganos ya creados y en funcionamiento, como es el caso de la Comisión Interdepartamental para el Impulso y Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático, que coordina la acción de las distintas consellerías en este ámbito desde 2019.

Además, también regula la Red local por el clima, impulsada el año pasado para promover la adhesión de todos los ayuntamientos gallegos al Pacto de las alcaldías por el clima y la energía (del que actualmente forman parte 287) y ayudarlos a luchar contra el cambio climático desde una perspectiva local; y la Alianza Gallega por el Clima.

Al tiempo, se prevé la creación de nuevas herramientas de participación y coordinación, como el Portal de Acción Climática, que servirá como ventana de divulgación y transparencia en este ámbito; la Oficina de Cambio Climático de Galicia, de carácter técnico y que asumirá el seguimiento de la estrategia y labores de apoyo y asesoramiento al resto de departamentos; y el Foro de Acción Climática, órgano colegiado de participación.

REGULACIÓN Y REFUERZO DE LAS REDES DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

La norma regula de forma expresa por primera vez determinadas herramientas en el ámbito de la meteorología, como la Rede de Observación Meteorolóxica y Climatolóxica de Galicia.

También la Rede de Calidade do Aire, de la que se especifica que estará constituida por todas las estaciones de medición, equipadas con analizadores automáticos y manuales, «de titularidad pública o privada» existentes en el territorio de la comunidad y que siempre deben cumplir con los criterios de implantación, mantenimiento y calidad correspondientes.

Aunque la Xunta ha manifestado su voluntad de avanzar en la demanda al Estado de las competencias meteorológicas y se aspira a caminar en ese sentido, la norma se limita a reforzar las redes propias, así como los servicios públicos autonómicos con el fin de disponer de más datos y mejorar la capacidad de previsión y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos extremos.

La ley regula las llamadas proyecciones climáticas, que el organismo competente en materia de cambio climático se encargará de elaborar y revisar periódicamente para Galicia mediante la aplicación de modelos matemáticos.

También recoge las actividades propias de los servicios meteorológicos y de calidad del aire de Galicia, como el pronóstico de situaciones meteorológicas de riesgo, realizando partes de aviso que serán difundidos a la población (como MeteoGalicia ya hace actualmente) y a las diferentes administraciones, especialmente a las instituciones competentes en materia de protección civil.

Igualmente, se ratifica que tienen que seguir los fenómenos de riesgo y prestar apoyo en la búsqueda de soluciones específicas para personas que puedan verse afectadas en coyunturas como la lucha contra incendios, prevención de inundaciones o sequías, planes de gestión de contaminación marina, o episodios de calor o frío, entre otras.

La gestión de la información meteorológica proveniente de otras redes meteorológicas –de titularidad autonómica– también está entre las actividades reguladas para los servicios meteorológicos gallegos, que se realizarán, concluye la norma, «sin prejuicio de los que le corresponden al Estado en el ámbito de sus competencias».