Los concejales no adscritos de Santiago de Compostela –anteriormente ediles del Grupo Socialista– exigen al gobierno local que, antes de que termine el 2025, cumplan con una batería de 12 medidas, entre las que incluyen la constitución de la empresa pública de vivienda, la reconfiguración de la solicitud para la zona tensionada y la licitación del contrato de autobus urbano.

Parte de estas exigencias ya estaban contempladas en el acuerdo de presupuestos consensuados este año con el gobierno local, cuyo cumplimiento hasta el momento consideran «de mínimos». «No iniciaremos una nueva negociación de los presupuestos hasta que se alcance un cumplimiento satisfactorio del de este año», ha asegurado Mercedes Rosón.

Estas peticiones las han dado a conocer este viernes en un desayuno informativo, en el que han estado presentes los cuatros ediles no adscritos, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

En este sentido, Muíños ha afeado que el Gobierno local «no tiene ningún proyecto propio». «En estos dos años vimos un gobierno que se está moviendo por inercia, con improvisación y con poca capacidad para sacar adelante proyectos propios», ha criticado.

Rosón ha reconocido avances contemplados en el acuerdo alcanzado a inicios de 2025 entre BNG, Compostela Aberta y PSOE –aún estaban integrados en la formación– para la aprobación de los presupuestos. Entre las medidas adoptadas, ha citado la reurbanización de la rúa García Lorca, la aprobación de la tasa turística y el desbloqueo de la ‘operación Peleteiro’.

Sin embargo, ve, en este sentido, un cumplimiento «de mínimos». En consecuencia, los concejales exigirán la convocatoria «urgente» de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo para instar a su aplicación.

12 MEDIDAS ANTES DEL FINAL DE 2025

Una de las cuestiones más polémicas del mandato, que ha centrado varias intervenciones de la oposición durante los últimos plenos, es la licitación del nuevo contrato de autobus urbano. Los ediles no adscritos pide que se saque antes del final de 2025. «Es urgente renovar la ruta de autobuses, reformular las líneas y renovar un servicio que lleva demasiado tiempo caducado», ha instado Muíños.

Al respecto de políticas en materia de Urbanismo, los no adscritos incluyen dentro de esta batería de 12 medidas la constitución de la empresa pública de vivienda y piden que se realice con un «enfoque integral», centrada en la promoción social de nueva vivienda.

Además, Mercedes Rosón ha pedido «reconfigurar con diligencia» la solicitud de declaración de zona tensionada y la licitación inmediata del nuevo contrato para el servicio de centros socioculturales, donde sus trabajadores «sufren retrasos en el pago de sus nóminas», según ha expuesto.

Solicitan la creación de un plan intensivo de limpieza de la vía pública de todo el término municipal. A este respecto, Mila Castro ha solicitado un mayor control sobre las concesionarias y una solución al estado en el que se encuentra el contenedor de vidrio por la «acumulación de restos de líquidos que acumulan mal olor».

Asimismo, solicitan la convocatoria «inmediata» de la comisión para el seguimiento de la gestión integral del ciclo del agua, la licitación del nuevo complejo deportivo de Santa Marta, el desbloqueo del convenio para la creación del Parque Comarcal de Bomberos y el inicio de los procesos selectivos para reforzar la plantilla de Policía Local.

En el ámbito de Servicios Sociales, piden la licitación de la construcción de la Casa dos Maiores y el desarrollo de un plan de choque para afrontar el sinhogarismo para el refuerzo de los canales de actuación.

Por otra parte, llaman a la puesta en marcha de la convocatoria de octubre de los Bonos Corazón, que desde este año se presentan en una doble edición.