Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han cuestionado este martes la fórmula del Gobierno para calcular la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados de los territorios y han anunciado que interpondrán nuevos recursos judiciales contra el reparto de estos menores.

Así, el Govern balear ha cuestionado la fórmula escogida por el Gobierno central para fijar, a través de un real decreto, la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad autónoma, según la cual, se concretan 406 plazas en Baleares.

«¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes», ha manifestado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Además, ha anunciado que el Consell de Govern autorizará el viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar el que será el segundo recurso judicial de Baleares contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.

En esta misma línea, el Gobierno de Aragón ha advertido de que, como ha venido haciendo desde el pasado mes de marzo, «se recurrirán todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores (migrantes no acompañados), que excluye a Cataluña y al País Vasco y que está basado en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independentistas», aunque ha avanzado que cumplirán la ley y seguirán trabajando en la llegada de estos niños, que deben estar en «el centro» de las políticas en esta materia.

Así lo han manifestado desde el Ejecutivo aragonés, cuyos servicios jurídicos «tienen que estudiar», cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto y el reglamento aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Para el Gobierno autonómico, «el contenido de las normas aprobadas en este Consejo de Ministros ahonda en la arbitrariedad del reparto». Además, ha criticado que atribuya a delegados y subdelegados del Gobierno «la capacidad de decidir a qué Comunidad Autónoma trasladan a un menor, sin atender a criterios técnicos o siquiera humanitarios».

Asimismo, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha avanzado que también recurrirán el reparto de menores no acompañados al señalar que «invade competencias y es una imposición».

En declaraciones remitidas a Europa Press, la dirigente autonómica ha rechazado la fórmula establecida en el real decreto de capacidad ordinaria, aprobado este martes, y que atribuye a Castilla y León la capacidad para albergar a un total de 783 menores.

Igualmente, el Gobierno de la Región de Murcia ha criticado este martes «el ocultismo y la falta de información del Gobierno de España» sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Ejecutivo murciano ha reaccionado así tras la celebración este martes del Consejo de Ministros donde se ha aprobado la capacidad ordinaria de las comunidades para la acogida de menores extranjeros, «sin aclarar cuál será el número oficial de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegarán a la Región desde Canarias».

Además, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha denunciado que «el Gobierno central está utilizando a las comunidades como comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria, sin diálogo, ni coordinación».

Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia ha respondido al Gobierno central que «lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Sánchez» es cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y que, «medio año después, solamente fue capaz de trasladar a la Península a 30».

Así lo ha trasladado en un comunicado la Consellería de Política Social, en respuesta al Gobierno central, tras el Consejo de Ministros. La Xunta ha reprochado que el Real Decreto «se limita» a fijar la capacidad ordinaria de acogida según el peso de población de cada comunidad, «sin tener en cuenta ningún otro factor» y ha subrayado que «a día de hoy» el Gobierno central aún no ha aprobado con las CCAA «ningún reparto de menores migrantes y tampoco un financiamiento asociado».

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha avisado que recurrirán por vía judicial el reparto de menores migrantes al considerar que «rompe la igualdad entre las comunidades autónomas» y que se ha hecho sin «total transparencia».

«La Comunidad de Madrid va a tomar todas las acciones que sean necesarias y judiciales para intentar que ese reparto de menores sea igualitario y sobre todo que no esté dentro del ocultismo y sin ningún tipo de transparencia para los gobiernos regionales», ha enfatizado.

CANARIAS Y EUSKADI LLAMAN A LA CORRESPONSABILIDAD

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado que el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes «viene bien» a todas las comunidades autónomas por lo que va exigir su cumplimiento.

En declaraciones a los periodistas tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros ha puesto como ejemplo que la presión migratoria se ha incrementado ahora en Baleares «y lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo peninsular».

Por ello ha indicado que la atención a los menores migrantes es una «cuestión de Estado» que se debe «solucionar entre todas» las comunidades y el Gobierno central, a la espera también de lo que ocurra con los recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Supremo.

En esta misma línea, el Gobierno Vasco ha reiterado este martes su llamamiento a la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados.

En concreto, se han establecido 731 plazas para Euskadi, según la fórmula recogida en el real decreto. Según informó en julio el Ministerio de Juventud e Infancia, Euskadi no recibirá ningún menor migrante no acompañado más, en base a criterios técnicos que contemplan la capacidad de acogida y el esfuerzo acumulado por cada territorio.