La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este jueves que su departamento está buscando fórmulas para facilitar que vuelva al Estado el dinero que supuestamente dejó de percibir por los favores que el Gobierno de Mariano Rajoy, a instancias del entonces titular de Hacienda Cristóbal Montoro, habría hecho mediante la aprobación de leyes a determinados sectores empresariales como el gasista, las constructoras o los juegos de azar.

Montero ha destacado que la investigación sobre este caso revela que también administraciones públicas gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia o la Comunidad de Madrid, hicieron pagos a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro popular Cristóbal Montoro, l oque pone de manifiesto que «la corrupción del PP «alcanza a la totalidad del sistema».

«Y lo curioso –ha añadido– es que el señor (Alberto Núñez) Feijóo no ha dado ningún tipo de explicaciones cuando estos hechos, supuestamente, se produjeron durante su etapa como presidente de la Xunta». «¿Por qué pagó la Xunta, a cargo de los contribuyentes gallegos, un volumen económico a este despacho y a cambio de qué? ¿Y la Comunidad de Madrid?», ha abundado.

A su juicio, «hay todavía mucho que investigar» y «algunos tendrán que dar la cara» y «no se pueden estar escondiendo permanentemente» ante este «gravísimo caso de corrupción».

Preguntada sobre si ha hecho alguna reforma para evitar que los ministros de Hacienda tengan acceso a los datos privados de contribuyentes, Montero ha indicado que «el problema no es si los inspectores de la Agencia Tributaria y todos aquellos que tienen relación con la Agencia Tributaria tienen acceso», sino «qué uso se hace de los datos fiscales».

«¿Para qué necesita un ministro conocer datos fiscales de determinadas personas?», se ha preguntado, antes de apuntar si los consultó para amenazar a periodistas si no «le trataban mejor en los medios», como han denunciado algunos informadores. «No me entra en la cabeza, me parece inconcebible que un ministro de Hacienda se aproveche de esa información para pedir algo a cambio, sea un trato favorable en los medios o sea no se sabe qué».

ELLA NO HA MIRADO DATOS FISCALES

Montero ha reclamado que se persigan esos comportamientos. «Efectivamente uno puede tener acceso a conocer determinada información, pero la pregunta es para qué se emplea?», ha admitido, para dejar claro a renglón seguido que su equipo no actúa así.

«Yo le puedo asegurar que en esta etapa del Gobierno del presidente Sánchez, desde que yo soy ministra de Hacienda, nunca jamás hemos tenido acceso ni nos ha interesado a ningún dato fiscal, porque no tiene ningún sentido el poder acceder a ellos», ha apostillado.

Eso sí, ha admitido que lo que se está barajando son modificaciones legislativas de cara al futuro pues, «en materia de fiscalidad, no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo».

Así lo ha dicho en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que lo que está haciendo su departamento es «revisar» todas aquellas normas que, según revela la investigación que lleva a cabo un juzgado de Tarragona, se habrían impulsado durante la etapa de Montoro para favorecer a «grandes empresas». A cambio, estas compañías habrían realizado pagos a Equipo Económico, el despacho fundado por el político ‘popular’ antes de forma parte del Gabinete de Mariano Rajoy.

La idea, ha explicado Montero, es analizar si aquellos cambios normativos provocaron «un descalabro en los ingresos del Estado y ver cómo se pueden revertir». «La voluntad del Gobierno es que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve, pero aquello que ha beneficiado a grandes empresas, efectivamente, se devuelva al Estado».

PREMATURO HABLAR DE CIFRAS

Preguntada sobre si la intención es recuperar los 2.200 millones que estima la investigación judicial, la ministra ha señalado, en primer lugar, que es «prematuro para hablar de ninguna cifra» y después ha recordado que «no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo», en este caso las empresas supuestamente beneficiadas por aquel Gobierno del PP.

«La Unidad Central Operativa (UCO) y los juzgados tendrán sus propias estimaciones. Lo que tenemos que ver es, efectivamente, que podamos revertir esta situación para que no se siga produciendo», ha indicado, con la vista puesta en futuras medidas en ese sentido.

«Estamos explorando todas las fórmulas para hacer posible ese cambio normativo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio y por unos pagos, en los que efectivamente se benefició, supuestamente, un equipo económico, ni más ni menos que del Ministerio de Hacienda», ha remarcado.