El debate político en Lugo se ha intensificado tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que dará lugar a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, cuyo trámite final está previsto para mañana en el Congreso. El Grupo Municipal del Partido Popular ha aprovechado este momento para reclamar de nuevo que Lugo opte a acoger la sede de este organismo estatal, tal y como ya había hecho en 2022 su portavoz, Elena Candia.

Desde el PP recuerdan que Lugo cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio, como contar con infraestructuras disponibles, estar situada en un territorio afectado por la pérdida demográfica y disponer de centros de referencia como el Laboratorio Central de Salud Pública y el Centro Integral de Salud de la Residencia. Candia insiste en que «Lugo está preparada y tiene argumentos sólidos para ser la sede de la Agencia», y apela directamente a PSOE y BNG para que «dejen de mirar para otro lado» y apoyen sin ambigüedades esta propuesta.

Los populares critican el que consideran un «silencio cómplice» por parte del gobierno local y de la Diputación y reclaman que ambos organismos impulsen formalmente la candidatura de Lugo ante la Xunta de Galicia y el Gobierno central, advirtiendo que «no llega con fotos ni declaraciones oportunistas», y que si no se actúa, se perderá una «oportunidad estratégica para convertir Lugo en un referente en políticas de salud pública».

Ante estas declaraciones, la portavoz del gobierno municipal, Ana González Abelleira, ha respondido criticando lo que calificó de «oportunismo y demagogia del grupo municipal del PP», al que acusa de intentar capitalizar el trabajo que ya se está haciendo desde la Alcaldía. Según Abelleira, el ejecutivo local está realizando gestiones activas sobre esta cuestión, aunque subraya que aún no existe un documento definitivo que regule los criterios de la futura sede de la Agencia.

«Estamos a la espera de conocer los requisitos que marcará el Gobierno de España, y si Lugo los cumple, se canalizará todo el trabajo en una candidatura oficial», ha explicado la portavoz. Ha añadido que el proyecto de ley solo contempla, en su disposición final, que será el Gobierno quien apruebe los estatutos de la Agencia en los seis meses posteriores a su entrada en vigor, a propuesta conjunta de los ministerios de Hacienda, Función Pública y Sanidad. «De momento, no sabemos lo que va a pasar», ha concluido, asegurando que desde el Ayuntamiento ya se solicitaron reuniones para tratar este y otros asuntos pendientes.