Los ayuntamientos de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, constituidos bajo la plataforma ‘Concellos pola gratuidade da AP-9, han solicitado al Gobierno una respuesta «a la altura de las circunstancias» tras el dictamen de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión hasta 2048 concedida por el Ejecutivo de José María Aznar en el año 2000.
En un comunicado remitido por el Ayuntamiento de Ames, recuerdan que esta plataforma nació el pasado 25 de febrero para reclamar la constitución de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos afectados por las altas tarifas de la concesionaria de la infraestructura.
Los ayuntamientos firmantes del manifiesto instan al Gobierno del Estado a acatar la resolución europea contra la prórroga ilegal de la AP-9 y situarse «en el lado correcto de la historia». Así, señalan que el actual gobierno puede ser recordado como el que liberalizó esta autopista para todos los gallegos y gallegas o el que permitió que «Audasa se siguiese lucrando de forma abusiva a costa de ellos».
«Los ‘Concellos pola gratuidad de la AP-9’ entienden que se está en un momento histórico y que nunca hubo un respaldo legal y social tan contundente como en estos momentos para poder rectificar el error histórico cometido en el año 2000 por el gobierno popular de José María Aznar», indican.
La plataforma sostiene que «Audasa tiene la concesión más rentable de toda la Red de Carreteras del Estado, con unos beneficios que superan los 1.000 millones en facturación total y, que solo en 2024 llegaron hasta los 2010». «Desde el año 2019 y con una pandemia por medio que frenó su ritmo de facturación llegaron a facturar 365 millones», apunta.
