Varios ministros europeos han dejado claro este viernes a su llegada a la reunión de Asuntos Generales en la que abordarán la oficialidad del catalán, euskera y gallego que es prematuro tomar una decisión porque persisten «muchas dudas» sobre el impacto legal, práctico y financiero que tal medida tendría para el conjunto de la Unión Europea.

En este contexto, la ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, ha informado a su llegada a la reunión de que no contempla que la cuestión se someta a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante.

«España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate», ha declarado la ministra a la prensa a su llegada a Bruselas, para apuntar después que es consciente de que hay «muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembro».

Estas reservas, ha añadido, tienen que ver tanto con la cuestión presupuestaria como con asuntos legales. «Por supuesto, necesitamos encontrar respuestas a estas preguntas, no preveo un voto hoy (por este viernes)», ha zanjado.

«Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembro y creo que hay ciertas dudas legales», ha indicado el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, cuyo país ejerció hasta el pasado junio la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El asunto vuelve a demanda de España a ser debatido en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE aunque no está previsto que se someta a una decisión, dado que varios países se resisten a avanzar en el expediente mientras no se cuente con evaluaciones del impacto financiero, práctico y legal de la eventual reforma.

«Creo que los Estados miembro necesitan algo más de tiempo, así que no creo que haya ninguna decisión hoy», ha remachado, antes de aclarar que no es sólo Polonia sino «la mayoría de los Estados miembro» necesitan «algo más de tiempo» para resolver las cuestiones pendientes, en especial en cuanto a las «preocupaciones legales».

El exprimer ministro luxemburgués y actual ministro de Exteriores, Xavier Bettel, ha avisado también a su llegada de que «realmente no es el momento adecuado» para que los Veintisiete busquen un acuerdo sobre la cuestión de las lenguas cuando tiene sobre la mesa negociaciones complejas sobre las sanciones a Rusia o para lograr un alto el fuego en Palestina.

«Creo que el momento realmente no es el adecuado ahora mismo, si no eres capaz de acordar otras cosas», ha razonado Bettel, quien ha querido dejar claro que entiende «plenamente» que el «multilingüismo y las tradiciones» son «muy importantes» para los españoles.

ESPAÑA PIDE NO SECUESTRAR EL DEBATE

En este contexto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido este viernes a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la demanda española para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una petición sobre la que varios Estados miembros han expresado «dudas» legales y financieras pero que el Gobierno considera que han sido aclaradas.

De este modo, Sampedro se ha mostrado dispuesto al «diálogo» para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros durante el debate que mantendrán en torno al mediodía en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra en Bruselas, pero ha avisado de que «lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente».

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.

Este viernes, será la séptima ocasión en que se aborde la cuestión a nivel de ministros aunque no está previsto que se someta a votación, dado que el asunto requiere el apoyo por unanimidad de los Veintisiete y en las reuniones pasadas ha quedado patente que no se da ese consenso.

Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso.

La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación «preliminar» basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.

«Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados», ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que, de manera oral, ha expresado en las reuniones previas sus reservas sobre la base legal de la reforma que se plantea del reglamento de lenguas y avisado de que podría hacer falta una reforma de los Tratados. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto.

«No se trata de confrontar, se trata de dialogar», ha insistido Sampedro, quien ha puesto en valor que el Gobierno reaccionó de inmediato tras escuchar a sus socios en el debate de mayo y, desde entonces, preparó un memorando de cuatro páginas que circuló entre las capitales días antes de este Consejo para aclarar las cuestiones pendientes.

España también ha aportado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, ha añadido, para después recalcar que «todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España» y que se trata de «acabar con una discriminación» hacia «2o millones de europeos».