El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido este viernes a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la demanda española para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una petición sobre la que varios Estados miembros han expresado «dudas» legales y financieras pero que el Gobierno considera que han sido aclaradas.

De este modo, Sampedro se ha mostrado dispuesto al «diálogo» para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros durante el debate que mantendrán entorno al mediodía en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra en Bruselas, pero ha avisado de que «lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente».

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.

Este viernes, será la séptima ocasión en que se aborde la cuestión a nivel de ministros aunque no está previsto que se someta a votación, dado que el asunto requiere el apoyo por unanimidad de los Veintisiete y en las reuniones pasadas ha quedado patente que no se da ese consenso.

De hecho, varias delegaciones, entre ellas las de Polonia y Dinamarca, presidencias saliente y entrante del Consejo de la UE, respectivamente, han expresado a su llegada a la reunión que persisten «muchas dudas» entre los Estados miembro por lo que consideran que es prematuro intentar tomar una decisión.

En este contexto, Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso.

La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación «preliminar» basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.

«Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados», ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que, de manera oral, ha expresado en las reuniones previas sus reservas sobre la base legal de la reforma que se plantea del reglamento de lenguas y avisado de que podría hacer falta una reforma de los Tratados. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto.

«No se trata de confrontar, se trata de dialogar», ha insistido Sampedro, quien ha puesto en valor que el Gobierno reaccionó de inmediato tras escuchar a sus socios en el debate de mayo y, desde entonces, preparó un memorando de cuatro páginas que circuló entre las capitales días antes de este Consejo para aclarar las cuestiones pendientes.

España también ha aportado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, ha añadido, para después recalcar que «todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España» y que se trata de «acabar con una discriminación» hacia «20 millones de europeos».