El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declinó participar en la carta que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, remitieron a los ministros de Exteriores de los 27 países de la Unión Europea (UE) en la que pidieron aprobar que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en leguas oficiales de la Unión.
Así lo indicaron fuentes de la Presidencia de la Xunta, consultadas por Europa Press, que explicaron que el lehendakari le ofreció al presidente gallego participar en la carta. Sin embargo, el contenido de la misiva «no se llegó a abordar», ya que Alfonso Rueda «declinó».
«La posición de Galicia sobre esta cuestión es bien conocida y hae dos meses se probó por unanimidad en el Parlamento de Galicia. La Xunta tienen claro que hay decisiones mucho más importantes para el futuro del gallego que incrementar su uso administrativo en la Unión Europea», apuntaron.
En este sentido, la Xunta incide en que el «crédito menguante» del Gobierno central en Europa «se debería de utilizar» para negociar más fondos de cohesión para el sector primario y «no en decisiones con un impacto limitado en la normalización lingüística».
A renglón seguido, el Ejecutivo autonómico mostró su «pleno compromiso» con el presente y el futuro del gallego, con su prestigio y con su valor. «Por eso no va a acceder a que el gallego se use como moneada de cambio para las negociaciones entre el Gobierno y el independentismo», recalaron las mismas fuentes.
LA MISIVA
Por su parte, la misiva, escrita en inglés y con referencias a autores e intelectuales que escribieron en catalán, gallego o euskera, han afirmado que tras 40 años desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (la actual UE), es «el momento de completar el proceso de reconocimiento de sus lenguas como plenamente oficiales en las instituciones europeas».
Lo justifican por la singularidad de la realidad española en esta cuestión, por el hecho que es una solicitud iniciada hace años y por las garantías ofrecidas al resto de Estados miembros por parte de España: «Deberían ser suficientes para resolver lo que, en el fondo, es una anomalía fácilmente abordable».
Recuerdan que ya en 1985 se abordó esta cuestión en las negociaciones para la adhesión, que el debate se pospuso, pero que «la reivindicación de la igualdad de derechos lingüísticos nunca desapareció», y lo ejemplifican con los acuerdos de 2005 para su uso en las instituciones comunitarias.
Sostienen que estas tres lenguas son habladas a diario por millones de personas, y que tienen niveles de producción cultural y comunicativa «plenamente comparables a los de otras lenguas ya reconocidas como oficiales».
«UNIDAD EN LA DIVERSIDAD»
Illa y Pradales sostienen que la historia, la cultura y la identidad nacional españolas están profundamente arraigadas en su multilingüismo, como lo está también Europa: «Europa y España no podrían entenderse sin las aportaciones contemporáneas del catalán, el gallego y el vasco».
Subrayan además que el reconocimiento del multilingüismo en España ha sido una historia sin duda compleja, por los «períodos oscuros de negación e incluso represión de la diversidad», que con la restauración de la democracia se recuperó.
Por ello, y porque queda establecido en la Constitución, defienden, las tres lenguas se han convertido en lenguas plenamente oficiales, «utilizadas en todos los ámbitos de la sociedad y sirviendo como pilares fundamentales de la cohesión y la estructura social».
«AMPLIO APOYO SOCIAL»
Ambos presidentes ven esta cuestión como una atención a una reivindicación de justicia lingüística que cuenta con amplio apoyo social que se trata de ampliar los principios fundacionales de la UE, y que «sería difícil explicar a la ciudadanía española» por qué este asunto no se pudo resolver satisfactoriamente.
«¿Cómo podríamos justificar ante la ciudadanía que una Unión Europea fundada en el principio de ‘Unidos en la diversidad’ imponga un modelo de ‘un estado, una lengua’ a una ciudadanía que se identifica democráticamente como miembro de un Estado multilingüe?», se preguntan.
Para los mandatarios, conseguir la oficialidad es también una forma de fortalecer el compromiso y la identificación de la ciudadanía con la UE, y que el reconocimiento sería textualmente la señal más clara por parte de las instituciones europeas: «Ha llegado el momento de completar un proceso de cuatro décadas. Ha llegado el momento de fortalecer Europa y su diversidad», concluyen.