La Comisión Europea ha enviado un nuevo ultimátum al Gobierno para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y Ap-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas; un asunto que de no resolverse en el plazo de dos meses los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Bruselas «insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas», ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, para posteriormente vender ambas concesionarias «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario.

Por ello, Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen «modificaciones sustanciales» que son «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un «procedimiento de licitación competitivo», de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.

Así las cosas, los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y «tome las medidas necesarias» para corregir las irregularidades.

A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.