La conselleira de Política Social, Fabiola García, no acudirá este jueves a la Conferencia Sectorial sobre menores migrantes al asegurar que fue «convocada de forma ilegal» y con una orden del día rechazada en reuniones previas.

Así lo han trasladado fuentes del departamento autonómico, que han indicado que si bien «siempre asiste» a todas las convocatorias del Ministerio de Juventud e Infancia, en este caso, la conselleira «no lo hará» al considerar que «Galicia, en ningún caso, puede participar en una Conferencia Sectorial convocada de forma ilegal y con una orden del día rechazada en las reuniones previas.

Estas fuentes han insistido en que, tal y como «reiteró en otras ocasiones la conselleira, el sistema de protección autonómico tiene una sobreocupación del 108%, por lo que Galicia carece de la capacidad necesaria para hacer frente a la acogida de 317 menores más».

Además, apunta que la Xunta siempre apostó por un modelo integrador y de convivencia, «totalmente contrario a la propuesta que impone el Gobierno central y que desencadenaría la creación de macrocentros, sin garantías para el bienestar de los menores».

Por ello, traslada que se opone «frontalmente» al «intento de imposición del Gobierno, que «convocó una Conferencia Sectorial con una orden del día ilegal, ya que fue rechazado por la mayoría en la Comisión Sectorial previa, como exigen las normas que rigen su funcionamiento».

«Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a proteger, no paquetes a repartir», sostiene la Xunta, que señala que «deben ser acogidos con dignidad y no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente asediado por la corrupción de su entorno», ha indicado.

Política Social sostiene que «Pedro Sánchez solo piensa en Pedro Sánchez». «En el lugar de actuar con responsabilidad, utiliza a los menores como escudo político y nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez», apunta.

La Xunta asegura que, ante la «falta de política migratoria», se niega a «asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno».

«ENFRENTAR A LAS COMUNIDADES ENTRE SÍ»

El Gobierno gallego, además, sostiene que el reparto diseñado por el Gobierno solo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí, aplicando criterios «arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y al País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso».

Frente a ello, la Xunta reclama «respeto institucional» y dice que «no se puede gobernar a golpe de decreto», «sin escuchar a las Comunidades, despreciando las vías legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios».

Además, advierte del «riesgo real de colapso» de los sistemas de protección de menores, que «ya funcionan al límite de su capacidad». «La llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración».

Además, manifiesta que el Gobierno de España no se compromete a garantizar condiciones dignas de atención. «Su única intención es repartir los menores, transferirlos a otras administraciones y desentenderse de ellos», indica para sostener que, «una vez que lleguen, serán las comunidades las que tendrían que asumirlo todo, sin medios ni respaldo».

La Xunta califica de «inaceptable» que se pretenda trasladar a menores «sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad, lo que fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento». «El Estado debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta», subraya.

EFECTO LLAMADA

La Xunta asegura que el anuncio del reparto actúa como «efecto llamada» y dice que el propio Real Decreto Ley reconoce «un incremento del 700% en la llegada de menores en los últimos tres años». «¿Hasta cuándo tendrémos que seguir acogiendo? Anunciar repartos actúe como un potente efecto llamada, que agravará aún más un problema que el Gobierno ni prevé ni gestiona».

Por todo ello, la Xunta exige que el Gobierno central se haga cargo, de forma directa y con financiación propia, de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta tal como «se recogía en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias».