El BNG ha vuelto a pedir al Gobierno gallego que «acabe con la venta» de vivienda de promoción pública (VPP), mientras la Xunta ha defendido que «blindó» su protección con carácter «permanente e indefinido».

En respuesta a una pregunta oral de la nacionalista Alexandra Fernández sobre «por qué la Xunta ha dado marcha atrás sobre la restricción de la adjudicación en régimen de compraventa de la nueva VPP», la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha defendido que la ley de vivienda autonómica se modificó para «blindar que las viviendas públicas sean siempre protegidas».

También ha recordado que «tanto la vivienda como la propiedad» son derechos constitucionales que, ha añadido, «la Xunta quiere salvaguardar».

Y es que, la diputada del BNG ha reprochado a la titular de Vivenda que el Ejecutivo autonómico anunciase que «parte de las VPP que construirá a través de Vipugal serán adjudicadas en régimen de venta», lo que en opinión de los nacionalistas supone «un retroceso y una impugnación a sus propias decisiones».

Ante esto, además de mencionar diferentes medidas implantadas por la Xunta con el objetivo de «dar respuesta a las necesidades» de la sociedad y «dinamizar el mercado», la conselleira ha insistido en que «lo que cambió» ha sido el carácter y la protección «indefinida» de las viviendas de protección pública.

«Lo que no se puede hacer es lo que hace el Gobierno central. Desde Galicia tenemos claro que para dinamizar el mercado del alquiler hay que no criminalizar a los propietarios, no apoyar la okupacion ilícita, la inquiocupacion…», ha reprochado.

VÍA POLÍGONO CARBALLO

Por otro lado, la conselleira ha reivindicado el «compromiso intacto» del Gobierno gallego con la variante de la circunvalación de Carballo para conectar el polígono de Bértoa con la zona sur de la localidad.

Tras una pregunta de la diputada Patricia Iglesias (PSdeG) al respecto, María M. Allegue ha dicho conocer el objetivo de esta variante: dar soporte al polígono y ofrecer una alternativa al tráfico que discurre por el núcleo urbano.

Así, ha detallado que trabajan desde 2022 en una primera fase para someterla a la evaluación ambiental simplificada, «presupuestada en 19 millones de euros».

Sin embargo, la parlamentaria socialista ha insistido en que Carballo lleva «años esperando por esta infraestructura prioritaria» y ha acusado a la Xunta de «no tener voluntad política».