El Gobierno gallego volverá a dirigirse al Gobierno y le planteará nuevas fórmulas para que «pague todo lo que debe» a la comunidad –en relación a los 700 euros que reclama–, después de que, hasta el momento, «solo hayan sido transferidos 167 de los 334 millones» de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí se había comprometido a abonar en concepto de entregas a cuenta.

No en vano, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que las arcas autonómicas están «en situación de emergencia financiera». «Estamos a fin de año y no tenemos dinero», ha dicho, antes de remarcar que de los 700 millones de euros que exige al Gobierno, «por prudencia» presupuestó 530, contando con gastar el resto «como remanentes».

«Si esos 530 millones no se transfieren, hay un agujero», ha señalado el presidente gallego, quien ha recordado que toca pagar las nóminas de los empleados públicos y la extra de Navidad. En todo caso, preguntado acerca de si estas nóminas están en riesgo, ha dado a entender que «no» porque la «prioridad» de la Administración es «pagarlas» y, de ser necesario, se acudiría a líneas de tesorería.

Pero sí ha admitido dificultades y retrasos en el pago de facturas, antes de proclamar que «no es justo». Por eso, se dirigirá al Gobierno y le planteará dos «opciones» para que abone «de inmediato»no solo las entregas a cuenta, sino los otros 370 millones que exige la comunidad (200 millones por una anualidad del IVA de 2017 y otros 170 por el cumplimiento de las reglas fiscales).

Para la mensualidad del IVA, la Xunta propone como vía «genérica» que el Gobierno habilite financiación para compensar a todas las comunidades «todas las cantidades del IVA antes del 30 de diciembre», ya sea a través de modificaciones presupuestarias o «completando» el decreto ley articulado para transferir las entregas a cuenta, como la Comunidad gallega ya defendió en su día.

La segunda vía pasaría por que el Ejecutivo suscriba deuda por el importe total del IVA que adeuda a las comunidades y, cuando articule la ley para habilitar la transferencia del mismo, realice una compensación en su propia contabilidad amortizando los préstamos. Si el Gobierno «no hace caso», la Xunta ya ha avanzado que planteará que el asunto se debata en el Congreso.

En cuanto a los recursos derivados de cumplir las reglas fiscales, la Xunta demanda que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con ese punto en el orden del día.