El Grupo Popular impulsará en el Parlamento de Galicia una proposición de ley para reformar la Ley gallega del Deporte con el objetivo de que la Administración pueda ejercer la acción popular en los procedimientos que se sigan por delitos y actos de violencia perpetrados en el ámbito deportivo.

Además, incluirá medidas para clarificar el régimen de prescripciones de las infracciones y sanciones en el ámbito deportivo, así como para profundizar en el buen gobierno en el deporte y en las organizaciones y federaciones gallegas.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Pazo do Hórreo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha informado del registro de esta proposición de ley a través de la que, según ha indicado, se introducen «importantes cambios» en la ley aprobada hace 13 años y que permitirán adaptarla a la realidad de la sociedad actual.

«Porque no podemos consentir y poner fin a los actos de violencia deportiva que cada vez están manchando más la buena práctica del deporte de Galicia», ha apuntado.

FOMENTAR VALORES

«El deporte y las competiciones deportivas deben fomentar los valores deportivos, la socialización de los participantes y un intercambio de experiencias positivas, y todo esto velando por la seguridad y la protección de deportistas y espectadores, para que la práctica deportiva sea libre de violencia en cualquiera de sus formas, tanto física como verbal», ha indicado.

Sin embargo, ha lamentado que están comprobando como la violencia en el deporte empieza a ser algo habitual, por lo que considera urgente que se adopten las medidas oportunidad para poner fin a estas prácticas violentas que afectan tanto a deportistas, como árbitros y jueces, e incluso al público asistente a los acontecimientos deportivos.

Alberto Pazos ha explicado que a través de esta proposición de ley se abre la posibilidad para que la Xunta pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales por violencia en el deporte. «Queremos hacer realidad un deporte libre de cualquier forma de violencia, porque es la mejor representación del respeto, la tolerancia, la inclusión y la participación cívica, por lo que cada acto violento que se produce contraviene estos valores y la propia esencia deportiva», ha manifestado.

En segundo lugar, la iniciativa legislativa modifica la Ley del Deporte existente para clarificar el régimen de prescripción de las infracciones y las sanciones.

Así, fija tres años para las infracciones o sanciones por faltas muy graves; dos años para las infracciones o sanciones por faltas graves; y seis meses para las leves y un año para las por faltas leves.

En último lugar, se eleva el nivel de exigencia de las normas de buen gobierno para las organizaciones y federaciones deportivas, a través tanto del respeto de su democracia interna, la transparencia, la integridad, la solidaridad, a igualdad de género, la apertura, la rendición de cuentas o la responsabilidad social; como también de una gestión «irreprochable» de sus recursos financieros, con controles para prevenir los conflictos de intereses o la duración limitada hasta un máximo de tres años de sus cargos electos.

«Con este fin, proponemos que las federaciones deportivas aprueben un código de Buen Gobierno, en el que se establezcan todas estas prácticas», ha dicho Pazos.