El secretario de Estado y Agenda Urbana, David Lucas, ha llamado a la cooperación y a la cogobernanza entre administraciones con el objetivo de dar con una solución conjunta que permita elevar el número y el ritmo de casas construidas, además de blindar el parque público de vivienda.

«Estoy convencido que, con la buena coordinación entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado, implementaremos reformas estructurales que nos permitan no solamente poner soluciones a los problemas actuales, sino intentar evitar que en el futuro se vuelvan a dar cada vez que hay una crisis en el país, que siempre ha afectado de una forma lacerante a la vivienda», ha afirmado durante su intervención en la Asamblea de la Asociación Hipotecaria Española.

Lucas ha aprovechado su discurso para poner en valor el Plan Estatal de Vivienda presentado por el Ejecutivo en la Conferencia de Presidentes en Pedralbes, en Barcelona.

«Un plan que nos permitiría alcanzar más objetivos en el ámbito de la construcción de vivienda y de la rehabilitación residencial, y más ayudas a aquellos colectivos que más necesitan de la acción pública para poder acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible», ha señalado.

Con las líneas de actuación incluidas en este plan, el ministerio se plantea «aumentar la aportación hasta 4.000 millones por parte del Estado» y anima a las comunidades autónomas a hacer un mayor esfuerzo presupuestario para poder crear más vivienda.

PERTE Y FISCALIDAD

Al mismo tiempo, ha ensalzado otras políticas, como el PERTE de la Industrialización de la Vivienda, que «garantizan la competitividad de las empresas españolas», mejoran la calidad y la seguridad en el empleo de las personas en el sector de la construcción y facilitan el acceso a ese mercado laboral a jóvenes y mujeres.

Por otro lado, el secretario de Estado ha valorado el paquete de medidas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el IVA al 21% para pisos turísticos o las subidas al 25% para las socimis.

Para Lucas, se trata de una medida que busca garantizar el acceso a viviendas e incrementar la oferta con diferentes figuras tributarias que suponen «un acicate para la implementación de políticas que puedan garantizar el artículo 47 de la Constitución».