El Pleno del Congreso ha acordado este martes, pese al voto en contra de los partidos del Gobierno de coalición, tomar en consideración una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas con el objetivo de preservar conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

En el debate, el PSOE y Sumar rechazaron la iniciativa acusando a los ‘populares’ de querer hacer un «traje a medida» para «especuladores», e incluso llegaron a tacharla de inconstitucional.

«Empatizamos con las personas afectadas, sin embargo, esta iniciativa que plantea el Grupo Popular es inconstitucional por una parte y negacionista del cambio climático por otra. Ni protege la costa ni da seguridad a los afectados y se salta la legalidad únicamente por el interés de quien especula», señaló el diputado socialista Víctor Camino Miñana.

Pero los partidos del Gobierno han sido derrotados y la iniciativa del PP ha pasado este primer examen gracias al apoyo de Vox y algunos de los socios habituales del Gobierno como el PNV y Esquerra Republicana.

El diputado del PP Carlos Gil Santiago quiso dejar claro a la hora de defender la iniciativa que los ‘populares’ no están hablando de «construcciones ilegales» ni «pelotazos urbanísticos», sino de viviendas humildes, de construcciones de baja densidad, integradas y arraigadas en un entorno paisajístico y cultural que «nada gana con su desaparición».

En este sentido, ha recordado que el «principal» problema de la demora en la tramitación de la modificación de la Ley de Costas es que sus efectos «son irreversibles». «Cada propiedad que despojan, cada inmueble que derriban es insustituible», ha lamentado.

Entre otras cosas, la proposición de ley del PP aboga por que los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre queden sujetos al régimen concesional previsto en la propia Ley de Costas. En este sentido, indica que la Administración les otorgará la concesión en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.

A su vez, incide en que a los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley.

Asimismo, pide que se excluyan del dominio público marítimo terrestre mediante un deslinde los bienes inmuebles situados en el dominio público marítimo-terrestre e inscritos como Bienes de Interés Cultural autonómicos, Bienes Inmuebles de Relevancia Local o figuras asimilables a nivel autonómico en las que se destaquen la identidad cultural de una localidad o de un municipio.

Según la reforma del PP, estas zonas se tendrán que regir por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección. «Se trata de aplicar la ley con sensibilidad y con inteligencia, de reconocer lo singular y de avanzar hacia una legislación de costas que no sea solo reactiva y restrictiva, sino también propositiva y abierta a situaciones singulares», señaló el diputado del PP.