La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad el reparto territorial del presupuesto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT) que asciende este ejercicio hasta los 23,11 millones de euros, lo que supone un incremento de un 14 % interanual.

Según ha informado el Gobierno, Galicia será la tercera comunidad que más fondos reciba, solo por detrás de Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 2,4 millones de euros, más de un 10 % del presupuesto total.

Durante el encuentro, además, la vicepresidenta ha explicado a los representantes de las Comunidades Autónomas los avances en los trabajos de definición de la nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, poniendo en valor las numerosas aportaciones recibidas durante la fase de audiencia pública previa de este documento.

«Nuestra voluntad es que el resultado sea una estrategia en la que participen el mayor número de actores posible. Que sea la plasmación de un proyecto de país», ha explicado Aagesen, que ha confirmado que el Gobierno ha recibido 191 aportaciones en la consulta previa, pero que el número de particicpantes ha sido «muy superior».

El Ejecutivo ha destacado las aportaciones referidas a emprendimiento, ecosistemas y dinamización de la economía, «lo que demuestra, una vez más, que el medio rural se está convirtiendo en un territorio de oportunidades», según ha apuntado la ministra.

El FCT es una herramienta para articular de manera transversal una «política de cohesión socioterritorial centrada en el reequilibrio de derechos y oportunidades de la ciudadanía», según ha destacado el MITECO, que ha recordado que las acciones a financiar deben cumplir varios objetivos: la promoción de medidas de ordenación territorial que apuesten por un desarrollo local integrado, favorecer el acceso a servicios básicos esenciales, incentivar la actividad económica y el emprendimiento y garantizar la calidad de vida y un desarrollo sostenible, desde una responsabilidad social.

En todos los ejercicios la distribución -que se realiza atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales- se ha aprobado por unanimidad.