La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, y los máximos responsables de órganos fiscalizadores autonómicos se han comprometido este martes a primar en el ejercicio 2020 la fiscalización sobre materias relevantes y de actualidad que se ajusten «a las demandas de la sociedad, los entornos cambiantes y los riesgos emergentes».

Así lo han acordado en la sede del Tribunal de Cuentas durante la reunión semestral de la Comisión de Coordinación de los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas (OCEx), bajo presidencia de De la Fuente.

Los responsables de los distintos fiscalizadores han analizado diversas cuestiones de interés compartido, al objeto de continuar impulsando la cooperación y la colaboración entre ellas, contribuyendo de este modo a un «control público más riguroso, eficaz, confiable y transparente a nivel global».

En este contexto, han puesto en común los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de trabajos y las principales áreas que serán objeto de control en el marco de los respectivos programas de fiscalización para 2020.

Según ha informado el Tribunal de Cuentas, impulsarán iniciativas fiscalizadoras que «pretenden ser receptivas a las demandas de la sociedad, a los entornos cambiantes y a los riesgos emergentes, al objeto de devenir relevantes e impulsar la mejora de la gestión de los fondos públicos».

TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD

En este contexto, los programas recogerán fiscalizaciones sobre materias relevantes y de actualidad, sobre áreas de la gestión en las que se han identificado riesgos y en las que se gestiona un volumen de recursos relevante, haciendo especial hincapié en las entidades que no rinden cuentas.

Además, todos los fiscalizadores apostarán por la integración de aspectos transversales en las fiscalizaciones tales como la transparencia, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la preparación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También darán especial importancia a la evaluación sobre el cumplimiento de sus recomendaciones.

Los presidentes han puesto de manifiesto su preocupación por la reducción de los niveles de rendición en plazo de las cuentas de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2018, igual que ha sucedido en años anteriores. Por eso han insistido en la necesidad de que se adopten medidas para activarla.

«Conseguir la plena rendición constituye una prioridad para las instituciones fiscalizadoras, ya que la misma no sólo constituye una obligación legal, sino de un deber básico para hacer efectiva la necesaria transparencia de la gestión y posibilitar el control, constituyendo su omisión un déficit democrático», argumentan.

MAXIMIZAR PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Los responsables de las Instituciones de control han reiterado su compromiso con las Tecnologías de la Información y apostaron por continuar avanzando en el proceso de implantación de las mismas para el desarrollo de los procedimientos de fiscalización y para su propia gestión interna.

Asimismo, han insistido en la conveniencia de promover la interconexión de sus propias aplicaciones y plataformas electrónicas con otras ya existentes en su entorno de actuación, entre otros, en el ámbito de la contratación pública, al objeto de maximizar la eficiencia en la obtención de la información sobre la gestión y en su control.

Igualmente los presidentes han analizado la conveniencia de reforzar la cooperación y la colaboración institucional, entre otras áreas, en materia de formación del personal, así como en el intercambio de experiencias y buenas prácticas de fiscalización. De esta forma se contribuirá a potenciar una red de conocimiento entre el personal de las Instituciones de control y a homogeneizar criterios, procedimientos y herramientas para el ejercicio de la fiscalización.