El PPdeG ha registrado una iniciativa de impulso en el Parlamento de Galicia a través de la que se pide al Gobierno de España que regule un sistema de protección al consumidor basado en la incorporación de nuevas prácticas comerciales, principalmente en los campos de la contratación y en la baja de servicios, la responsabilidad por la información que se ofrece a los consumidores y en la comunicación anticipada de las variaciones que se vayan a producir en las primas o en el alcance de las coberturas en el ámbito del seguros.

Los diputados populares Jesús María Fernández Rosende y Felisa Rodríguez se han reunido con la presidenta y vicepresidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de A Coruña, Rosa Celia Otero y Margarita del Castillo Guzmán, respectivamente, a quienes avanzaron el contenido de esta iniciativa parlamentaria.

«Consideramos que las prácticas abusivas con las personas consumidoras pueden corregirse incorporando buenas prácticas comerciales, como es el hecho de que la empresa, por propia iniciativa, aplique a sus clientes consolidados los servicios y tarifas vigentes más bajas que ofrecen a potenciales nuevos clientes», han señalado los diputados populares.

En concreto, la propuesta del Grupo Popular solicita que se establezca el deber de que todas las compañías de servicios comuniquen a sus clientes y, en su caso, apliquen por defecto, las tarifas vigentes más bajas por los servicios ya contratados o que contraten, sin necesidad de tener que hacer una solicitud previa en ámbitos tan variados como la telefonía, los seguros, la electricidad o los suministro de gas, entre otras.

También se pide que exista un procedimiento de baja de los servicios contratados «como mínimo tan ágil como el previsto para las altas, sin dilaciones y atrancos indebidos» que van en contra de los derechos de las personas consumidoras.

En el campo de la contratación electrónica, la iniciativa del Grupo Popular demanda que se establezca un régimen de responsabilidad por la información que se ofrece a las personas consumidoras cuando se opera a través de intermediarios y que «no se corresponde con el precio final o con el contenido y características del servicio ofertado».

Por último, en el ámbito específico de los seguros, se solicita al Gobierno central que «refuerce el deber de información de las compañías hacia sus clientes» con respecto a la comunicación anticipada de las variaciones que se vayan a producir en las primas y los motivos que justificar los posibles incrementos, así como «una mayor flexibilidad para definir el alcance de las coberturas para poder prescindir de prestaciones innecesarias cuando no son obligatorias».