El Gobierno buscará este martes superar las reservas de socios europeos como Italia o los países bálticos para desbloquear la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y lograr su reconocimiento desde 2027, aunque con una derogación que aplace sin fecha la traducción de la gran parte de los actos jurídicos del bloque y a costa de renunciar a que sea el presupuesto común el que costee su aplicación.

Así las cosas, España mantiene como punto «para adopción» la reforma del reglamento del uso de las lenguas de la UE en la agenda del consejo de Asuntos Generales de este martes, en donde necesita la unanimidad de los Veintisiete para que la decisión salga adelante. La propuesta será por tanto adoptada si ningún Estado miembro vota en contra, ya que la eventual abstención de delegaciones con dudas no suma en contra de la unanimidad.

El reglamento europeo prevé que todas las lenguas reconocidas –24 hoy en día– sean idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias y que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea. En las negociaciones hasta ahora España no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.

A falta de una estimación oficial del coste de incluir las tres lenguas cooficiales en esta categoría ni de una evaluación sobre su impacto legal y práctico, en los debates de preparación países como Italia, Francia, los bálticos o Bulgaria han expresado sus reservas, según distintas fuentes diplomáticas consultadas con Europa Press.

Varias delegaciones y los servicios legales han planteado «preocupaciones» que «necesitan ser discutidas», apuntan las fuentes, en referencia a que algunos de los países ven prematuro tomar decisiones sobre un asunto que no se ha trabajado en los grupos de expertos habituales en el Consejo, ni sobre el que hay evaluaciones formales sobre la mesa.

NEGOCIACIONES BILATERALES CON LAS CAPITALES

No en vano, las negociaciones hasta hora se han producido fundamentalmente en bilateral, optando Madrid por dirigirse directamente a las capitales en lugar de abordar las conversaciones a Veintisiete.

Para superar estos escollos, el Gobierno defiende que la especificidad del caso español hace que no sea exportable a otras lenguas regionales (por su reconocimiento en la Constitución o su uso en el Congreso y el Senado), pero ofrece además que sea España quien asuma todo el coste de su oficialidad, lo que supondría una excepción respecto al resto de lenguas reconocidas en el reglamento.

En la propuesta que el Gobierno ha circulado entre las capitales y a la que ha tenido acceso Europa Press, España además defiende que que la reforma no establecería ningún «precedente» y que cualquier otra lengua que busque un estatus equivalente deberá pasar una evaluación «caso por caso» y cumplir «criterios estrictos».

El documento, además, plantea que la oficialidad de catalán, euskera y gallego entre en vigor desde el 1 de enero de 2027 pero, añade, aplicando de inmediato una «derogación» por la que sólo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, es decir, menos del 3% de los actos jurídicos que la UE produce en un mandato, según las estadísticas de la última legislatura.

A falta de un plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales, España apunta que «en los próximos meses» y «antes de que se aplique el acuerdo» se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para «no aplicar o reducir gradualmente» la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.

Esta posibilidad, sin embargo, tampoco convence a los servicios jurídicos del Consejo, que, según han confirmado distintas fuentes europeas a Europa Press, haN puesto en duda la base legal de la propuesta diseñada por España para convencer a sus socios de que no se abrirá la ‘caja de Pandora’ a la que puedan acudir, por ejemplo, las minorías rusas en países bálticos o los corsos en Francia.

ESPECIFICIDADES DEL CASO ESPAÑOL

A menos de 24 horas de la reunión a Veintisiete, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no acudirá a la cita y deja el asunto en manos del secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, ha defendido desde Madrid que sobre la mesa hay una propuesta «muy sólida», en la que España ha tenido en cuenta las sensibilidades de sus socios.

Albares subraya así que desde que España hizo su propuesta inicial en septiembre de 2023 hasta ahora se ha venido trabajando «con varios Estados miembros sobre aspectos en los que tenían dudas o tenían reticencias para conseguir una propuesta sólida». Lo que hay ahora sobre la mesa, ha añadido, «es una propuesta muy trabajada y muy mejorada con todos los estados miembros».

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, no menciona la idea de empezar por la oficialidad del catalán y dejar para más tarde la del euskera y gallego, como planteó el Gobierno en una fase anterior de negociación, sino que aboga por otra forma de progresión: empezar por la traducción de reglamentos desde el 1 de enero de 2017 y dejar para una revisión posterior, en 2031, si modificar la derogación sobre el resto de documentación.

En los primeros debates a nivel técnico y de embajadores, la propuesta española ha chocado con la opinión negativa de los servicios jurídicos del Consejo, que han expresado oralmente sus dudas respecto a la base jurídica de una reforma en los términos en que se plantea esta. Con todo, el dictamen negativo del servicio legal no impide una decisión de los Veintisiete.

Tampoco gusta a países como los bálticos, con minorías lingüistas rusas, el riesgo a abrir la «caja de Pandora» y que este cambio siente un precedente que les comprometa después. A estos miedos, el Gobierno insiste en las especificidades del caso español y sus lenguas cooficiales, recogidas en la Constitución, desde antes de su entrada en la UE, y de uso tanto en el Congreso como en el Senado.

Otros argumentos de peso es que España tradujo hace años los Tratados a las tres lenguas cooficiales y que ya traduce a las mismas mucha de su legislación, incluido al transponer normativa comunitaria.

Además, plantea que en una declaración adjunta a la reforma del reglamento el Consejo establezca que toda petición futura de otra lengua «será evaluada sobre la base del caso por caso y deberá cumplir criterios estrictos», entre ellos que sea históricamente originario del país que lo solicita y que su estatus esté reconocido en la Constitución del Estado miembro durante al menos dos décadas.

El Gobierno ha venido manteniendo en todo momento que la oficialidad de catalán, euskera y gallego es una prioridad y Albares ha dicho en repetidas ocasiones que no van a renunciar a este objetivo. La petición, formulada en agosto de 2023, es resultado del acuerdo alcanzado con Junts para que los de Carles Puigdemont avalaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y allanaran así un nuevo mandato de Pedro Sánchez en Moncloa.