El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado en la Conferencia Sectorial de Igualdad el reparto de los 142,5 millones de euros destinados al Plan Corresponsables, que ha contado con críticas al «recorte» del departamento que dirige Ana Redondo.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la distribución de 142,5 millones de euros a las comunidades autónomas para cofinanciar el Plan Corresponsables. A partir de ahora, Igualdad aportará un 75% de la financiación del plan y las autonomías el 25% restante. Esta decisión del departamento que dirige Ana Redondo ha causado el rechazo de las comunidades, que consideran que es un «tijeretazo» a las políticas para las mujeres.

Según han asegurado fuentes de las consejerías a Europa Press, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha han votado a favor de la propuesta del Ministerio de Igualdad, mientras el resto se han abstenido.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad, ha destacado la importancia de este plan que tiene como objetivo reducir la brecha de género en materia de cuidados y aliviar la responsabilidad que recae fundamentalmente en las mujeres. Ha aseverado que se trata de un plan que «se ha mejorado introduciendo novedades en términos de cogobernanza, corresponsabilidad financiera, alineamiento de las actuaciones y transparencia».

Asimismo, Redondo recalcó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no hay «merma de financiación» en las políticas de igualdad. Además, añadió que se han hecho ajustes «a la vista de estos cuatro años» y de cómo se han implementado «los recursos y la eficacia».

«No hay ni un solo euro menos en las políticas de igualdad que tienen encargadas este ministerio. Lo que hemos hecho es ajustar y desde luego yo creo que mejorar lo que es un plan que en este momento estaba solapándose. Estaban solapándose las competencias propias de la conciliación que son asumidas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con un plan que pretende novedades y que pretende una transformación social», ha argumentado al ser preguntada por qué el plan contaba con 190 millones en 2021, cuando arrancó, frente a los 142 millones de este año.

El Ministerio de Igualdad ha detallado que el acuerdo de la Conferencia Sectorial que regula la implementación del Plan Corresponsables en 2025 introduce novedades como el refuerzo de la aplicación efectiva de seis principios: Igualdad, corresponsabilidad, derechos de la infancia, coherencia, adicionalidad, transparencia.

También incorporar una «mayor transparencia» gracias a la Plataforma HUB Corresponsables. Toda la justificación técnica y económica deberá realizarse a través del HUB Corresponsables, herramienta digital para seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, hay una mejora en criterios de acceso a servicios: Se introduce el nivel de renta como criterio preferente para el acceso a servicios; y se amplía la cobertura a personas con discapacidad de hasta 21 años, con atención especializada financiable

ABSTENCIÓN DE LAS CCAA DEL PP, QUE PIDEN EXPLICACIONES

Por su parte, comunidades del PP se han abstenido en la votación de la Conferencia Sectorial de Igualdad para abordar el Plan Corresponsables. En este sentido, la consejera gallega María Quintiana ha pedido al Gobierno que explique a qué destinará el recorte de casi 50 millones. En lugar de 9,3 millones con los que se contaba inicialmente, Galicia recibirá 6,9, es decir, un 25% menos que la Xunta tendrá que asumir con fondos propios.

También la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado antes de la reunión «el nuevo recorte de 50 millones de euros en políticas de igualdad» del Ministerio, un «tijeretazo». «El Gobierno de España pretende que [las comunidades autónomas] asumamos un nuevo recorte en políticas de conciliación, de apoyo a la mujer y de maternidad», ha asegurado.

Igualmente, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de familia e Igualdad de oportunidades, Isabel Blanco, ha explicado que la ministra ha planteado en la reunión que «tiene que haber cogobernanza y corresponsabilidad por parte de las administraciones», pero para la consejera de Familia «ninguna de estas características, nada de esto se da cuando es una decisión unilateral, una imposición», de lo que ha definido como «un recorte» ya que el plan pasa de 190 a 142 millones.

Mientras, la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha rechazado la decisión de Igualdad que «obliga» a la comunidad a hacer frente a 722.000 euros «que no estaban contemplados en los presupuestos autonómicos ya aprobados». «Esta imposición llega en el mes de mayo, dificultando enormemente cualquier tipo de ajuste o reprobación sin afectar a otras partidas sociales», ha indicado.

Por otro lado, la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha valorado positivamente la reunión y ha destacado que la comunidad trabajará para «garantizar el importe» con esta nueva forma de financiación. «Trabajaremos para garantizar nuevas líneas de financiación de nuevas masculinidades», han explicado. Además, han añadido que durante la reunión también se ha enfatizado en la apuesta de no solo la conciliación sino también la corresponsabilidad.

El Plan Corresponsables fue puesto en marcha en 2021 como una política semilla. Hoy se ha consolidado como una política pública que reconoce el derecho al cuidado de menores y a la conciliación como pilares del Estado del bienestar desde una óptica feminista y de igualdad entre mujeres y hombres.

Este programa es competencia de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y se basa en un sólido marco jurídico y político: el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, las recomendaciones de la Estrategia Europea de Cuidados (2022) y un enfoque de garantía de derechos universales, independientemente de la situación laboral de las personas beneficiarias.