La Xunta de Galicia ha justificado su abstención, junto con otras 15 comunidades, en la Conferencia Sectorial de Igualdad por el «riesgo de perder fondos» del Plan Corresponsables aprobado en el Consejo de Ministros «ante el recorte de casi 50 millones de euros».

En un comunicado, la Xunta ha explicado que la directora xeral de Promoción de Igualdad, María Quintiana, representó al Gobierno gallego en este foro y justificó la abstención en un ejercicio de responsabilidad ante el riesgo de perder todos los fondos.

«Estamos ante un recorte de fondos en materia de igualdad y conciliación», ha señalado Maria Quintiana, que ha apuntado que la mejor manera de poner en valor y agradecer el trabajo en los últimos años de las Comunidades autónomas en la implantación del plan, es que «también exista una corresponsabilidad en la toma de decisiones».

Asimismo, ha pedido al Gobierno central que explique las razones de esta disminución de fondos porque «las gallegas y gallegos merecen saber a qué van destinados los casi 50 millones de euros que se retiran de la partida» del Plan Corresponsables.

La directora xeral ha lamentado la decisión de bajar de 190 millones a 142,5 los fondos que el plan destina a las comunidades supone para Galicia «perder 2,3 millones» de euros. Así, en lugar de 9,3 millones con los que se contaba inicialmente, solo se recibirán 6,9, es decir, un 25% menos que la Xunta tendrá que asumir con fondos propios.

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Además, María Quintiana ha criticado que este recorte se realice a mitad del año, con los presupuestos ya comprometidos y con las órdenes de ayuda a punto de resolverse y publicarse.

Con estos fondos, la Xunta ha destacado que sufraga acciones de conciliación durante todo el año como campamentos, servicios de madrugadores o de comedor, así como iniciativas de sensibilización en materia de corresponsabilidad.

En este sentido, ha destacado que el año pasado más de 30.000 niñas y niños y sus familias se beneficiaron del Plan y, a través de él, se aportaron recursos a 170 ayuntamientos, 60 anpas y una veintena de entidades sociales, unos números que prevé incrementar este año.

El Gobierno gallego ha denunciado que este recorte se suma a otros del Ejecutivo central, como la financiación insuficiente de la dependencia, el hecho de que no colabore en la gratuidad de la atención educativa de 0 a 3 años a pesar de ser un compromiso electoral o en la atención a personas con ELA, con una ley en vigor que no está dotada de fondos.