El Parlamento de Galicia ha vivido este jueves un nuevo choque entre representantes de la Xunta y del BNG por la política de contratación y por las cifras de ejecución de los presupuestos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y, más concretamente, por el plan de salud mental 2020-2024, tras la publicación de los últimos informes del Consello de Contas.

Ha ocurrido durante la comisión de sanidad, política social y empleo de la Cámara, donde la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha respondido a una pregunta formulada por la nacionalista Montse Prado, quien ha señalado que «cada nuevo informe del Consello de Contas es una nueva fotografía de la política sanitaria del PP», basada en el «neoliberalismo puro y duro» de «beneficiar a empresas amigas».

En primer lugar, la diputada del Bloque se ha referido al análisis de la Conta Xeral del Sergas del año 2023, que señaló que había una «deficiente técnica presupuestaria» por una «infraestimación» de los gastos en personal y medicamentos.

Además, Contas constató que el gasto en actividad concertada había aumentado un 18% entre 2019 y 2023, y que había «defectos» en la tramitación de los gastos de la concertada, porque el Sergas «sigue utilizando la autorización de uso temporal» para contratar de manera directa estos servicios «sin concurrencia, publicidad e igualdad de trato», toda vez que carecen «de las notas de excepcionalidad y temporalidad» que justifican el empleo de esta figura.

Asimismo, Montse Prado ha explicado hubo una reducción de crédito por 170 millones de euros en atención primaria en 2023, «frente a un incremento prácticamente en la misma cuantía» a hospitalaria.

EJECUCIÓN DEL 97%

Por su parte, la secretaria xeral técnica ha destacado que la misma fiscalización de la Conta Xeral de 2023 recoge que la ejecución presupuestaria del año 2023 fue del 97%, con 4.973 millones de euros en total, un incremento del 8,4% con respecto al año precente.

Asimismo, Natalia Lobato ha negado que los reparos de Contas sobre la transparencia de la Consellería de Sanidade y todos sus entes sean un «incumplimiento», sino que «recomienda mejoras» que la Administración estudiará.

También ha defendido la legalidad de los contratos menores y los procesos negociados de adjudicación, al tiempo que ha señalado cómo Contas, en su informe, dice que recurrir a los conciertos con la sanidad privada cumple «un papel relevante» en la prestación de los servicios a nivel estatal. «El Consello de Contas en ningún caso pone de manifiesto irregularidades», ha insistido.

En cuanto a las diferencias de inversión entre la primaria y la hospitalaria, Lobato ha explicado que esta última «requiere más inversión» por su «complejidad», lo cual «no obsta en absoluto» para que se invierta más en primaria. En concreto, en 2023 se presupuestaron en este nivel 1.526 millones y «el crédito final ejecutado fue de 1.548 millones», 20 millones más.

PLAN DE SALUD MENTAL

También se ha referido la diputada del BNG al informe de Contas sobre el plan de salud mental 2020-2024, que ya en la sesión de control provocó un enfrentamiento entre la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El Bloque eleva a «33,5 millones de euros» lo ejecutado en esta hoja de ruta que inicialmente, tal y como se anunció tras la pandemia de la covid-19, iba a constar de 83 millones de euros.

Prado ha explicado este jueves, en la comisión de sanidad, que esta cifra se obtiene de la suma de los 24,5 millones ejecutados del plan entre los años 2021 y 2023 –un 16% menos que los más de 29 millones previstos inicialmente en estos ejercicios, según ratifica Contas– y otros 9 millones de la incorporación de personal entre 2020 y 2024.

Frente a estas cifras, la secretaria xeral técnica de Sanidade ha acusado a la diputada del BNG de realizar una «lectura distorsionada» del informe de Contas, que reconoce el «rigor presupuestario» del Sergas con el plan.

En este contexto, Lobato ha puesto el foco en que Contas «señala que únicamente hubo una variación del 0,7%» teniendo en cuenta las modificaciones de crédito. Sin embargo, es cierto que el mismo informe, a renglón seguido, explica: «Pese a tener crédito dotado, no se ejecutó el gasto, lo que supuso una desviación final entre el gasto previsto como necesario y el realmente ejecutado del 16%».

EL «HISTÓRICO» PLAN DE SALUD MENTAL

El «histórico» plan de salud mental también ha sido el objeto de una pregunta formulada en comisión por la diputada del PP Encarna Amigo al director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, quien ha recalcado que es uno «de las principales prioridades» de la Consellería.

Silva ha reivindicado que Galicia fue «pionera» en diseñar esta hoja de ruta tras la pandemia y que finalizó en diciembre de 2024, por lo que a lo largo de este 2025 se presentará la próxima.

El director xeral ha destacado los 83 millones de euros anunciados inicialmente y la previsión de habilitar 244 plazas de personal especializado, de las cuales están cubiertas el 92%.

No en vano, ha confirmado el anuncio realizado por Rueda el miércoles en el pleno, según el cual este año se incorporarán 14 nuevos psicólogos clínicos en atención primaria, que se añadirán a los siete que ya ejercen. El objetivo será incorporar 50 nuevos para el año 2030.

En cualquier caso, Alfredo Silva ha recalcado que el Sergas tiene hoy «casi el doble de profesionales» de salud metal que en el año 2009: de 285 por día a 557 que hay ahora mismo. Además, en 2024 se atendieron 477.471 consultas en este tipo de servicios, casi 250.000 más que en 2009.

El director xeral ha aprovechado su comparecencia para reclamar al Ministerio de Sanidad que permita acreditar más plazas de formación sanitaria especializada, también en salud mental.

Durante su exposición, Encarna Amigo (PP) ha cargado contra el BNG por emplear los informes del Consello de Contas con la «única intención de manipular y torcer los datos» para cargar contra la Xunta y «generar titulares», sin «contribuir a buscar soluciones».