El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha quejado de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantuvo un reciente encuentro con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el que le trasladó un «expediente secreto» sobre que en Galicia hay 9.000 pisos turísticos «ilegales», pero sin que se haya hecho llegar esa documentación a la Xunta.

En el pleno del Parlamento, la diputada del BNG Alexandra Fernández ha denunciado que la Xunta «está deliberadamente protegiendo» a «quien está incumpliendo las normas» con pisos turísticos ilegales, puesto que acusa al Gobierno gallego de dar de alta «todas» las solicitudes que le llegan sin comprobar ninguna documentación, pero «ahora se niegan a retirarlos». Censura que están «boicoteando activamente» a municipios que quieren poner coto, con el «ejemplo más paradigmático» en Santiago.

Remarca que el Ayuntamiento de Santiago ya remitió un listado a la Xunta con los 66 pisos turísticos que están en regla para funcionar, por lo que el resto «no tiene el título para ejercer». Asimismo, Alexandra Fernández denuncia una «huida hacia adelante» de la Xunta al pedir una «sentencia judicial» de «caso por caso» en un «pseudoprocedimiento» que identifica con una obstrucción. Recrimina que el Ejecutivo autonómico es «cómplice con todos esos propietarios que pretenden pasar por encima de las normas urbanísticas».

En respuesta, Diego Calvo ha defendido que Galicia fue de las primeras comunidades en regular las viviendas turísticas con un decreto de 2017 en el que se estipula que es «potestad» de los municipios «comprobar si incumple o no la normativa» cada piso y, de no cumplirse, debe comunicarse a Turismo para que proceda a tramitar un expediente de baja.

De hecho, expone que «ya se aplicó» y «no es cierto» que la Xunta esté «protegiendo deliberadamente» a los pisos turísticos, puesto que entre 2024 y lo que va de 2025 se han dado de baja 134 viviendas de este uso en Compostela. «Dígale a sus compañeros de Santiago que hagan su trabajo», ha espetado Calvo a Fernández, y que «digan qué pisos son y cuáles son las causas» para que no puedan estar operativos.

El conselleiro afea que el ministro hable de 9.000 viviendas turísticas ilegales en Galicia sin aportar esa información al Gobierno gallego. «¿Dónde está esa documentación?», cuestiona.

También reprocha que el gobierno de Santiago lleva «varios meses» hablando de zona saturada, pero «aún no entregaron la petición». Añade que «se llevan oponiendo» a las VTC, pero «la alcaldesa, alcaldía o el Ayuntamiento contrata VTC». «Igual que los cogieron con las VTC, los van a coger en las patatas con otros casos», advierte Diego Calvo.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno indican a Europa Press que el Ministerio de Derechos Sociales tiene previsto «entregar pronto» esta documentación al Ejecutivo autonómico.