El conocido como ‘caso Desproi’ avanza y, después de que la magistrada compostelana Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega, decidiese abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por el PP en abril de 2023, esta será una semana en la que más testigos pasen por sede judicial. Además, la concejala Mila Castro, una de las expulsadas del PSOE compostelano, está citada, también como testigo, para el 21 de mayo.

Varias fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que la citación de Castro se produce a raíz de una petición de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín. También está llamado a comparecer en el juzgado, igualmente en calidad de testigo, un técnico de parques y jardines.

Fuentes conocedoras del procedimiento judicial apuntan que la petición de los servicios jurídicos del Consistorio, personado en la causa, se formuló el 17 de marzo y que incluía, «en primer término», la propuesta de que a Castro se le citase en calidad de investigada, si bien finalmente pasará por el juzgado como testigo.

Cuando los servicios jurídicos municipales (que aún encabezaba Manuel C., quien dejó poco después la dirección de la Asesoría Jurídica) dieron el paso y formalizaron la petición de la comparecencia de Castro, el gobierno municipal ya había sacado adelante dos proyectos relevantes para el mandato de Sanmartín con el apoyo de los ediles socialistas: los presupuestos y la propuesta para urbanizar la parcela del Peleteiro.

El ‘caso Desproi’ pone en el foco la gestión local bajo el mandato del ahora senador Xosé Sánchez Bugallo y costó la dimisión, a principios del año 2023, del entonces edil José Manuel Pichel, después de trascender que alquiló una nave industrial para su departamento a una empresa a la que había estado vinculado.

En concreto, los hechos denunciados consisten en la adjudicación de un contrato de arrendamiento que se tramitó por razones de urgencia a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba Bugallo. El objetivo de la causa es determinar si la adjudicación se hizo de forma interesada y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación pública.

OTRAS DECLARACIONES ESTA SEMANA

En el marco de esta causa prestó declaración en febrero como investigado el exconcejal socialista José Manuel Pichel y antes lo habían hecho, como testigos, el secretario del Ayuntamiento, José Manuel G. G., y el anterior interventor municipal, Juan Ramón G. C.

Esta misma semana más testigos han pasado o pasarán por los juzgados compostelanos en relación a este caso, dado que para este miércoles estaban citados trabajadores de informática del Ayuntamiento y también de Mudanzas Boquete.

Para este jueves, según las fuentes consultadas por Europa Press, está previsto que comparezcan cargos ligados con Unións Agrarias (UU.AA.) y Fademur.