El Parlamento de Galicia, con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del diputado de Democracia Ourensana, ha pedido «no posicionarse a favor o en contra» del proyecto de la mina de Doade hasta que no haya un pronunciamiento de los técnicos competentes en la materia.
En la defensa de esta proposición no de ley de los populares sobre las acciones que el Gobierno gallego debe poner en marcha en relación con la política que está desarrollando la Unión Europea para la obtención de materias primas estratégicas y, en concreto, con el proyecto de la mina de litio de Doade, Alberto Pazos ha solicitado «evitar los prejuicios» y «respetar los trabajos de los técnicos para que puedan realizar su labor con la tranquilidad necesaria».
Así, frente a «los del ‘no'» — tal y como se ha vuelto a referir al BNG–, Pazos ha argumentado que la mina permitiría «paliar la pérdida de población» y «fijar» ciudadanos en el territorio con un proyecto que «prevé generar 320 puestos de trabajo y dinamizar económicamente» la comarca.
En esta línea, ha insistido en que Galicia «no es ninguna colonia», al contrario, ha añadido, que el hecho de que «los criterios de acogida de inmigrantes se decida en una conversación en Waterloo» o «aceptar que Galicia tiene que reformar su estatuto para las mismas competencias que se le regalan a Euskadi». «Todo esto sí que es colonialismo y, ante esas actitudes coloniales, el PPdeG defiende Galicia y otros se dedicaron a decir ‘Si bwana'», ha reprochado
Por su parte, el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe ha lamentado que los populares pidan ahora a la Xunta «que haga lo contrario que hicieron con el proyecto de Altri»: «Primero fueron de comerciales y ahora se dedican a darle una mano de pintura a la chimenea y a venderlo como un proyecto temático».
Asimismo, la parlamentaria del PSdeG Patricia Iglesias ha criticado al Gobierno gallego porque «no tiene un plan sectorial territorial minero». «No ha hecho los deberes», ha censurado.
PROTECCIÓN LOBO
Por otro lado, la Cámara gallega también ha aprobado una proposición no de ley del Partido Popular para pedir la rebaja del nivel de protección del lobo y restablecer el equilibrio entre la preservación de la especie y las actividades ganaderas.
La iniciativa también insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para que apoye a las comunidades autónomas en el desarrollo de las acciones oportunas y que sean necesarias para la gestión del lobo y «con las que defender los intereses de los ganaderos».
