Sumar, Podemos, Esquerra Republica, EH Bildu y el BNG han pedido al PSOE que el Estado se haga con el 100% de Red Eléctrica e intervenga el sector energético para garantizar el suministro y evitar apagones como el que ocurrió el pasado 28 de abril en la península ibérica.

Es la principal reivindicación que han hecho los socios este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre el apagón y el aumento del gasto en defensa.

SUMAR: REINVERTIR DIVIDENDOS

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado al presidente que Red Eléctrica debe recuperarse para lo público y que sus dividendos se reinviertan en mejorar las infraestructuras de la red, para asegurar que nunca más se produzca un apagón como el pasado 28 abril.

Por otro lado, ha arremetido contra el PP que ha aprovechado esta crisis para esparcir «mentiras» en lugar de aplicar el principio de prudencia. Es más, ha confrontado que los populares durante la DANA desplegaron la «gestión del Ventorro», con su «máximo responsable» (Carlos Mazón) «desaparecido durante horas», haciendo «caso omiso a las alertas» y reaccionando solo cuando había personas que ya se estaban ahogando. «Ese es el modelo de gestión que proponen, el de las muertes evitables y las mentiras», ha agregado.

Martínez Barbero ha afirmado que el apagón fue una «alerta», «alarmas» y una «llamada de atención» que lleva a una conclusión: no se puede permitir que el suministro eléctrico «dependa de decisiones empresariales orientadas al beneficio privado».

Concretamente, ha pedido a Sánchez que el Estado debe recuperar «el control público de las infraestructuras estratégicas» y que «no hay mejor momento para lograrlo que este». Y para ello ha reclamado que la red eléctrica sea «100% pública» sin estar sujeta a los intereses del «oligopolio eléctrico», potenciar las energías renovables y una fiscalidad que grave los beneficios de las grandes compañías del sector para la mejora de la red.

A su vez, ha argumentado que la energía nuclear no es la solución» ante el apagón, frente a lo que sostienen PP y Vox, porque «ni es sostenible ni segura» y además es cara. «El retardismo climático es un error mayúsculo, igual que lo es pensar que estamos abocados al colapso», ha desgranado.

PODEMOS PIDE PROHIBIR EL REPARTO DE DIVIDENDOS

Por parte de Podemos, Ione Belarra ha espetado a Sánchez que su obligación es recuperar el control público del sector de la energía y prohibir a sus empresas que se reparta «ni un solo euro en dividendos o en beneficios» hasta que no aclaren por qué pasó el apagón y aseguren que la red eléctrica es segura en España.

«Lo mínimo que deberíamos hacer es obligarles a pagar los costes del apagón y a garantizar la seguridad de una red para que no pase nunca más», ha agregado Belarra desde la tribuna del Congreso.

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha subrayado que si la energía es un bien estratégico este tiene que estar bajo control público, por lo que cree que deberían nacionalizarse las grandes eléctricas y Red Eléctrica. «Tiene más sentido que nunca», ha señalado.

ERC PROPONE APLICAR EL ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha dicho que el coste que supondría para el Estado hacerse con el 100% de Red Eléctrica ronda los 8.000 millones y ha llegado a plantear aplicar el artículo 128 de la Constitución para intervenir en el sector eléctrico.

Y es que, Rufián ha señalado que la causa del apagón no se produjo por un exceso de renovables o por falta de nucleares, sino por la «codicia» del «oligopolio» energético. Asimismo, el portavoz ha indicado que si el sistema eléctrico se hubiera basado exclusivamente en las centrales nucleares, el apagón hubiera durado como mínimo 30 horas. «En definitiva, que una vez más, lo privado imperó sobre lo público», ha apostillado.

En el turno de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha recordado que la generación energética en España es más del 95% privada; el transporte, que corresponde a Red Eléctrica, es en un 80% privada; la distribución casi un 100% privada y, salvo algunas excepciones en forma de cooperativas, la comercialización también es 100% privada.

La diputada ha culpado a las «privatizaciones» de PP y PSOE de esta situación y ha apelado a Sánchez a cambiar este escenario y hacerse desde lo público con el transporte y la distribución eléctrica del país, empezando por Red Eléctrica, para asegurar que ningún interés económico y empresarial vuelvan a estar por encima del interés de la mayoría social.

«¿Está dispuesto a enfrentarse al lobby energético para hacerlo posible? Si abrimos el debate y lo trasladamos a la ciudadanía, la apuesta será clara, porque se demostró que frente a lo privado, es y será lo público lo que proteja a la gente», ha defendido Aizpurua.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha desmarcado de la propuesta de crear una empresa pública de energía porque lo ve «populismo» y una idea que los partidos de izquierda deslizan cuando hay algún problema dentro de la industria energética. «Lo público per se no es sinónimo de eficiencia», ha apostillado.

Asimismo, Vaquero ha apuntado que el debate ahora no debe centrarse en elegir entre renovables o nucleares, porque es algo que «solo genera ruido» y no aporta ninguna solución a lo ocurrido el pasado 28 de abril.

RENOVABLES PARA EL FUTURO, HOY MIX

En este sentido, el PNV cree que el futuro energético pasa por las renovables, pero en la actualidad se necesita una combinación de fuentes para tener un mix energético que aporte seguridad al suministro. También ha reivindicado impulsar la inversión en redes de transportes y las interconexiones a nivel nacional y europeo.

En el turno de Junts, Miriam Nogueras ha afeado al Gobierno su defensa de las renovables cuando en la actualidad mantiene un impuesto sobre el valor de la producción eléctrica que pagan todos los generadores de electricidad del país y que España es el único país de la UE que lo tiene, lo que penaliza a las energías limpias.

De su lado, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha comentado que aunque las islas no se vieron afectadas por el apagón del 28 de abril ya han sufrido hasta siete apagones y desde 2023 tienen declarada la emergencia energética por la «obsolescencia» de los equipos insulares.

Por último, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha preguntado al presidente quién va a asumir responsabilidades por el apagón, que a su juicio dio una imagen «tercermundista» de España.