El pleno de la Diputación de Lugo acordó este martes apoyar a los trabajadores de Alcoa en su demanda de construcción de un horno de cocción de ánodos, necesario para la fabricación de aluminio, y comprometido con los trabajadores para garantizar la viabilidad de la planta de San Cibrao. A través de una moción socialista, y después de una jornada dura para la factoría tras horas sin suministro eléctrico, los tres grupos votaron de forma unánime.

«Estamos preocupados porque cumplan con ese acuerdo que Alcoa firmó con los trabajadores y que auspició el Gobierno de España para el rearranque de todas las cubas», afirmó el presidente de la Diputación, José Tomé Roca.

Durante la presentación de la moción, la portavoz socialista, Pilar García Porto, explicó que en A Mariña hacen falta 132.000 ánodos al año, unos electrodos que ahora mismo Alcoa está importando desde China tras la demolición del horno viejo, «lo que genera una vulnerabilidad que suma nuevas incertidumbres en los trabajadores».

García Porto recordó que el horno de cocción de ánodos «era uno de los puntos de mejora recogidos en el acuerdo de febrero de 2023» y puso en valor los beneficios netos obtenidos por la factoría en 2024, de 57 millones de euros, y de unos 500 millones en el primer trimestre del 2025.

«Defendemos desde el primer momento la continuidad de la actividad en San Cibrao, respaldando las reclamaciones de los trabajadores», dijo la diputada. Por eso, en la moción reclaman que las administraciones convoquen la mesa de seguimiento del dicho acuerdo; que se facilite mediante financiación pública, de forma inmediata, la inversión en la obra del horno de cocción de ánodos; y que la SEPI y el IGAPE se hagan cargo de la factoría de San Cibrao si la empresa no cumple con el acuerdo de viabilidad.

Por su parte, el diputado provincial del BNG Daniel García reclamó a PP y PSOE «seriedad» para ejecutar desde la Xunta y desde el Gobierno del Estado los acuerdos que recoge la moción con las demandas que el comité de empresa trasladó al BNG en una reunión mantenida el pasado 21 de marzo. «Lo que tenemos delante es un problema de incumplimiento de lo acordado, tanto por parte de la Xunta y del Estado como por parte de Alcoa», remarcó el diputado mariñano.

POLÍTICA ARANCELARIA DE LOS EEUU

El pleno sacó también adelante otra moción del PSdeG en la que pide a la Xunta que ponga en marcha un plan de medidas de apoyo para los sectores más afectados por la política arancelaria de Estados Unidos «que incluya la movilización de fondos y la apertura de nuevos mercados».

El texto salió adelante a pesar de los votos en contra del PP. Pilar García Porto dijo que esta iniciativa ayudaría a paliar los efectos que se están produciendo en sectores como el vinícola, agroganadero e industrial.

Explican en la moción la necesidad de un plan que armonice nuevas medidas con las ya aprobadas por el Gobierno del Estado y que incluya la movilización de fondos, ayudas no reembolsables para las empresas más afectadas, un plan específico de apertura de nuevos mercados y, además, que la Xunta acepte las ofertas de colaboración hechas por los partidos de la oposición para colaborar en el diseño del dicho plan.

PROPUESTAS NACIONALISTAS

En política educativa, el BNG y el PSOE unieron su voto en una iniciativa en la que piden a la Consellería de Educación que «reduzca el calendario de aplicación de la reducción de ratios y hacerlo ya en todas las enseñanzas, fijando para las nuevas con carácter legal la misma validez que las ratios actualmente vigentes». También insta a recuperar el horario lectivo de 18 horas en Secundaria y de 21 en Primaria y reducir de forma efectiva e inmediata la burocracia que soporta el profesorado.

El grupo provincial del BNG denunció «una estafa en toda regla» de la Xunta en relación con la reducción de las ratios de las aulas, tras conocerse una instrucción de la Consellería de Educación para eludir el compromiso que el propio gobierno del Partido Popular anunció hace año y medio cómo «histórico» para reducir el número de alumnas y alumnos por clase a 20 alumnos, comenzando por infantil.

El pleno también aprobó, a iniciativa del BNG y con los votos del gobierno provincial, una propuesta de apoyo a la movilización convocada por la Plataforma Queremos Gallego para el próximo día 17 de mayo de 2025 en Santiago bajo el llamamiento ‘Lengua viva ya! Paremos la emergencia lingüística!’

MOCIONES POPULARES

Las dos mociones presentadas por el Partido Popular quedaron en el camino. En una de ellas reclamaban «cumplir con sus competencias y mantener las carreteras provinciales en unas condiciones mínimas de seguridad y exigir al Gobierno del Estado el repavimentado de la N-540 e iniciar la construcción de la A-56 (Lugo-Ourense)».

Recordaron los populares que «urge el arreglo, ensanche y mejora de las carreteras provincias LU-P-4001 y LU-P-4002, que conectan los ayuntamientos de Antas de Ulla, Monterroso y Palas de Rei, así como también son las principales conexiones de estos municipios con la A-54». El portavoz popular, Antonio Ameijide, censuró que «ya son dos años en los que Pedro Sánchez no paró de realizar promesas y no cumplir ninguna. «Los lucenses precisamos hechos y no palabras», sentenció.

Los diputados populares también llevaron a pleno la demanda de impulsar la construcción del centro de atención a mayores comprometido en 2018 entre la Diputación y el Ayuntamiento de Folgoso do Courel, moción que fue seguida desde la grada por la alcaldesa Lola Castro y medio centenar de vecinos y sobre la que se votó en contra.

Incluso PSOE y BNG quisieron este martes «romper» el convenio firmado al presentar una enmienda de sustitución a la iniciativa del Grupo Provincial Popular «para que en lugar de construir la residencia la Diputación (segundo establece el convenio firmado) sea la Xunta de Galicia la que la construyera».

En este sentido, los diputados populares afirmaron que seguirán trabajando hasta que PSOE y BNG «cumplan con todos los vecinos de Folgoso do Courel», que llevan siete años esperando a contar con este centro de atención a mayores «una necesidad muy importante en el municipio».

Afirmó que el Ayuntamiento de Folgoso do Courel cumplió con todos los deberes que les asignaba el convenio, entre ellos poner a disposición los terrenos, realizado en el año 2019, y, posteriormente, la resolución de la licencia de obra, el 13 de enero de 2022, después de que la Diputación de Lugo «corrigiera los numerosos errores detectados en el proyecto que inicialmente se presentara desde el gobierno provincial», explicó Ameijide.

DISCAPACIDAD

La Corporación Provincial acordó también una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebrará este sábado, 3 de mayo. Todos los grupos políticos acordaron un texto que pretende contribuir a impulsar un cambio de perspectiva en la sociedad.

Los compromisos alcanzados pasan por trabajar para garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural; la lucha contra la discriminación laboral para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población; promover su participación activa en la toma de decisiones que afectan a su vida; o una vivienda digna, accesible y adaptada sus necesidades.

Además, acordaron por unanimidad a adhesión a la red de entidades locales ganadero-cárnica, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permitirá a la institución provincial reforzar la colaboración con otras entidades para impulsar iniciativas conjuntas con la finalidad de fortalecer el sector.