La demanda ordinaria que los cuatro ediles expulsados del Grupo Municipal Socialista de Santiago –Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez– en busca de la impugnación de las resoluciones de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE ha sido admitida a trámite y está en manos del Juzgado número 3 de la capital gallega.

Además, según fuentes consultadas por Europa Press, desde el 10 de marzo las partes han sido notificadas para la vista que está llamada a resolver la concesión de solicitud de medida cautelar que solicitan los ediles expedientados para la suspensión de la eficacia y ejecución de las resoluciones disciplinarias. Está prevista para el próximo 9 de mayo.

Los cuatro ediles socialistas interpusieron la demanda en la semana del 17 de marzo, tras la notificación que recibieron de Ferraz el día 14 de ese mismo mes con la resolución de expulsión definitiva del partido.

En esa jornada, los concejales expulsados enviaron un comunicado en el que reafirmaban su condición de «socialistas», algo que «no hay resolución ni decisión de organización que lo pueda cambiar» porque «ser socialista implica creer en un mundo más justo y defender una sociedad basada en la igualdad».

En el mismo, anticipaban que iban a acudir a la justicia ordinaria «por dignidad» y «para mantener su integridad», pero también por no estar dispuestos a permitir que, «de forma arbitrria, alguien decida quien puede o no ser socialista en función de sus preferencias personales».

LA DIRECCIÓN JUSTIFICÓ LA EXPULSIÓN POR FALTAS «GRAVES»

Por su parte, la dirección del PSOE atribuía a los ediles faltas «graves» en contra de la normativa socialista, entre ellas, la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por las órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones».

A Muíños se le achacaba «indisciplina reiterada» a raíz del conflicto con la agrupación local que estalló tras el pleno del mes de junio en el que todos los ediles votaron a favor de una ordenanza sobre la regulación de las viviendas de uso turístico, en contra de la directriz marcada por la dirección local, capitaneada por Aitor Bouza.