Dos artículos de la ley gallega de presupuestos para 2025 y siete de la ley de medidas fiscales y administrativas que los acompañan han suscitado discrepancias por parte del Gobierno central, cuyos representantes se sentarán con cargos de la Xunta para tratar de llegar a un acuerdo y solucionar los conflictos que hay sobre la mesa sin llegar a los tribunales.

En concreto, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica tres acuerdos de la comisión bilateral entre las dos administraciones, que confirman la voluntad de iniciar negociaciones para tratar de resolver las discrepancias manifestadas por el Gobierno, designar los grupos de trabajo y comunicarlos al Tribunal Constitucional, así como publicarlos en los boletines oficiales gallego y estatal.

En el caso de la ley de presupuestos, el Gobierno tiene en el foco los artículos 8, relativo a las transferencias de crédito, y el 13, que aborda cuestiones de contratación de personal laboral y el nombramiento de personal funcionario interino en el ámbito de la comunidad, así como sus organismos autónomos y agencias públicas.

Pero, como en ejercicios anteriores, el Ejecutivo estatal pone también el foco en la ley de acompañamiento de las cuentas, en artículos relevantes como el 30, mediante el que la Xunta impulsó una nueva regulación del aprovechamiento eólico.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press aseguran que el Gobierno pretende que Galicia «renuncie a garantizar que los parques energéticos se traduzcan en beneficios sociales y económicos para las comunidades locales afectadas», si bien recuerdan que esta previsión se encuentra en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Gobierno no haya discutido medidas en el mismo sentido, pero a su modo de ver «mucho más intervencionistas» que la gallega, en Navarra o Baleares.

Entre las cuestiones en discusión estaría también la repotenciación o la competencia de la Xunta para permitir la implantación de parques fuera de las áreas de desarrollo perimetradas. El Gobierno también considera, según las fuentes consultadas, que la competencia de aplicar las zonas de aceleración renovable es estatal.

VIVIENDA Y DEPENDENCIA

Pero, además, el Ejecutivo central discrepa de los artículos 72 y 79 de la misma ley de medidas, que abordan los proyectos de parcelación o reparcelación de suelo, y la reciente modificación de la ley autonómica de vivienda.

Y de los artículos de la ley de acompañamiento número 45, relativo a la modificación de la ley de servicios sociales de 2008, el 48 (que modifica el decreto del reglamento del Consejo Gallego de Economía y Competitividad), el 89 (que toca un apartado de la ley de medidas de 2018), y el 97 (que modifica la ley de empleo público de Galicia de 2015).

En lo que respecta a la normativa de servicios sociales, fuentes de la Xunta han aclarado que el Gobierno duda de la legalidad de ligar el grado de discapacidad al de dependencia para agilizar las ayudas.

Al margen de la discrepancia legal, este paso en paralelo (el de acceder a un porcentaje de discapacidad determinado al tener concedido un grado de dependencia) tendrá efectos en la recaudación fiscal estatal, a causa de las deducciones fiscales que corresponderían a quienes vean reconocida esa discapacidad.