El BNG ha pedido informes sobre el estado del Hospital Materno Infantil de Ourense y «responsabilidades políticas» por el derrumbe el pasado mes de marzo de un techo del centro hospitalario, mientras que el PPdeG ha defendido la reacción de la Xunta tras estos hechos.

Así lo han esgrimido ambos grupos parlamentarios este martes en el pleno del Parlamento en el marco del debate de una iniciativa del Bloque en la que se instaba al Gobierno gallego, entre otras cosas, a remitir a la Cámara los informes que evaluaron el estado del centro hospitalario y las soluciones que podrían ponerse en marcha, y que los diputados del PPdeG rechazaron.

En la defensa de esta proposición, la diputada del Bloque Noa Presas ha criticado que después de 10 días «no hay ni explicaciones ni responsabilidades políticas a la altura de las circunstancias», lo que ha calificado como «una absoluta vergüenza».

Así, ha relatado las diferentes problemáticas que, tal y como ha trasladado la parlamentaria ourensana, se registraron en los últimos años en este centro para, a continuación, manifestar que «cuadros técnicos sabían que este derrumbe se podía volver a repetir» y «no se hizo nada».

«Sabiendo lo que sabemos hoy, ¿cuántos años hace que los técnicos recomiendan demoler este edificio? Alguien tiene que responder. Lo ocurrido hace 10 días es de extrema gravedad y requiere de máxima transparencia que no tuvo la Xunta hasta el momento y la celeridad que tampoco tuvo», ha subrayado.

Por todo ello, ha pedido la demolición del Materno Infantil, así como la convocatoria de una mesa de trabajo de la que formen parte los profesionales para definir las actuaciones a tomar, que se sepa «cuánto tiempo llevan 300.000 personas en Ourense soportando esta situación» y «cuánto tiempo hace que los técnicos de la Xunta recomendaban que se demoliese» y responsabilidades políticas.

«NEGLIGENCIA Y MALA GESTIÓN»

Del mismo modo, la parlamentaria socialista Carmen R. Dacosta, que también ha relatado la situación del hospital en los últimos años, ha criticado la «negligencia y mala gestión» del Sergas al «mantener el uso de unas infraestructuras inadecuadas y peligrosas».

En este contexto, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que ha avanzado su voto favorable, ha cuestionado qué hubiese ocurrido si en el momento del derrumbe hubiese bebés o madres ingresadas y se ha preguntado «cómo se llegó a este punto». «Cuando se cae un techo, la cosa ya viene de atrás», ha reafirmado.

Asimismo, ha asegurado que este episodio «ha hecho saltar las alarmas» y «ha concienciado a la sociedad ourensana de las desigualdades que vive». «Los datos y la realidad nos están dando la razón y esperamos que el gobierno de la Xunta, además de solucionar cuanto antes los problemas que causa este mal hacer, que cambie el chip y considere la provincia de Ourense como de equivalente importancia al resto de provincias», ha aseverado Ojea.

«ALARMISMO»

Por su parte, la diputada del PP Encarna Amigo ha defendido el «compromiso claro» de la Xunta con la sanidad pública y, en concreto, en relación con este asunto. Frente a esto, ha criticado que el BNG «recurre a la demagogia y al alarmismo».

«Mientras se moderniza el CHOU con proyectos rigurosos y con el diálogo con profesionales, ustedes insisten en desinformar y generar alarma, que es grave, pero por suerte no hay que lamentar ninguna desgracia personal», ha insistido la parlamentaria popular.

En esta línea, Amigo ha reprochado a los nacionalistas que actúen «como una inquisición moderna» y que pidan «planificación y participación cuando ya existe». En todo caso, ha afirmado que la situación en el centro hospitalario ourensano es «de absoluta normalidad», pero, ha añadido, «hay quien parece desear lo contrario para sacar rédito político».

Tras esto, Noa Presas ha acusado a los populares de mentir y ha insistido en que hay que demoler el edificio y trasladar los servicios «cuanto antes» y «hablando con los profesionales», por lo que ha vuelto a demandar una mesa de trabajo y a solicitar «transparencia» y «responsabilidades políticas».

MINERÍA

Por otro lado, el Grupo Popular también ha rechazado en esta sesión parlamentaria una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se instaba a la Xunta a elaborar un censo minero o un plan de minería de Galicia.

A este respecto, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha pedido al Ejecutivo autonómico «planificación» y «cumplimiento de los requisitos medioambientales» tras acusar al Gobierno gallego de «improvisación» y de mantener una «política de brazos caídos».

Así, tras mencionar ejemplos de resoluciones judiciales relacionadas con algunos proyectos mineros en la Comunidad, Iglesias ha cuestionado si se pueden «fiar» de que la Xunta «va a velar por los intereses generales de la minería por encima de intereses particulares».

También el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe ha reprochado al Gobierno gallego que no cuente con «el plan sectorial de actividades extractivas de Galicia» y ha criticado campañas como ‘Galicia es una mina’. «Cambien el lema, Galicia es una mina africana porque estamos al nivel más bajo y menos exigente de todo el mundo, al nivel de Sierra Leona o República del Congo», ha lamentado.

Del mismo modo, Golpe ha planteado las alternativas del BNG a este «modelo extractivo y colonial de la Xunta», que pasan, ha ejemplificado, por «el cumplimiento de la normativa sectorial» o la prevalencia de actividades propias de los territorios», así como al uso de soluciones tecnológicas «de las más avanzadas» y del «cierre de los ciclos productivos».

Por su parte, el diputado del PPdeG Rubén Lorenzo ha subrayado que el debate «debe ir más allá de la planificación o de un censo», sino que, en su opinión, debería centrarse en «el medioambientalismo radical o la apuesta de un gobierno responsable de una manera sostenible y respetuosa con los territorios». A continuación, ha puesto como ejemplo la ley de recursos naturales que «está marcando la política industrial de Galicia» y ha apelado al PSOE a tener «amor propio» y a «dejar de lado el seguidismo al BNG».

FONDOS PARA AYUNTAMIENTOS Y JUVENTUD

Por otra parte, el PPdeG también ha votado en contra de una proposición no de ley de los socialistas en la que se pedía un plan único autonómico para proyectos locales.

Sobre esto, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha criticado el uso «partidista de las instituciones» y el «clientelismo» del gobierno del PP y ha acusado a la Xunta de querer «ahogar a los ayuntamientos pequeños».

En esta línea, ha criticado que el PP «ya no tiene ni vergüenza al repartir a dedo», ha dicho, «la inmensa mayoría de los 600 millones que dicen destinar a los ayuntamientos». Unos argumentos a los que también se ha sumado el parlamentario del Bloque Óscar Insua, que ha acusado a los populares de «reírse de los alcaldes y de los ayuntamientos».

Además, el pleno también ha debatido este martes una iniciativa del BNG sobre medidas dirigidas a incrementar la tasa de emancipación de la juventud, que ha sido rechaza con los votos en contra del Grupo Popular.

En esta PNL, defendida por Iago Suárez, el BNG pedía instar a la Xunta a consensuar con los grupos un plan de emancipación juvenil que garantiza la correcta inserción laboral de la juventud, así como elaborar un plan para el retorno de la juventud gallega emigrada que así lo desee. También crear, en colaboración con las tres universidades, una bolsa de vivienda pública para garantizar su acceso a los estudiantes desplazados.