El Gobierno ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil tres puntos en Galicia. En concreto, se trata del entorno afectado por un vertido en Vigo (Galiport) y dos por contaminación marina en O Grove –barco hundido– y A Pobra –mancha marina en A Ribeiriña–.

En concreto, este martes, el Ejecutivo estatal ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a territorios en doce comunidades autónomas y ha habilitado ayudas «que superan los 16.500 millones de euros».

«Se trata de distintas comarcas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Baleares y Galicia», ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En ese periodo de seis meses, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha contabilizado un total de 53 episodios en situación operativa máxima de niveles 1 y 2, la mayoría originadas por fenómenos meteorológicos como borrascas, episodios de lluvias y tormentas que han provocado numerosos daños personales y materiales.

Entre ellos, Marlaska ha citado al episodio de lluvias intensas y nevadas que se vivió entre los días 2 y 5 de marzo en Andalucía, Castilla, León y Murcia, donde falleció una persona. A su vez, ha hablado de cómo la borrasca Jana provocó cuantiosas lluvias en el centro peninsular e incrementos extraordinarios de caudales en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro entre los días 6 y 11.

Asimismo, las borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y Sistema Central entre los días 12 y 20 de marzo, así como lluvias de intensidad en Murcia y Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas. Martinho, la última del tren de borrascas de marzo, ha dejado lluvias intensas y continuas entre el 20 y el 24 de marzo que han obligado a seguir desembalsando agua en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.

«Son episodios que han producido daños personales, también en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las ayudas que en ejercicio de sus competencias ya han acordado o puedan acordar las administraciones territoriales», ha explicado Marlaska.