El diputado del BNG Luís Bará ha anunciado que el Bloque recurrirá a la vía judicial si la Xunta no hace público el expediente «completo» con los informes en los que se basa la «bastante sospechosa» declaración de impacto ambiental (DIA) otorgada a Altri para su planta de Palas de Rei (Lugo).

En rueda de prensa en Santiago, Bará critica que esa declaración ambiental «es un documento de parte» que «da por bueno todos los informes proporcionados por Altri». Recuerda que la Xunta dijo que había 36 informes firmados por 42 técnicos de la Xunta, por lo que el Bloque quiere «acceder a esa documentación». «Toda la sociedad gallega está deseando conocer esos informes que no se conocen, que son secretos», incide.

Por ello, el Bloque registra en la Cámara gallega la solicitud de esa documentación que «se está negando», pero avisa que irán a los juzgados, de ser necesario, «porque ya está bien de burlarse del Parlamento» y su uso «de manera antidemocrática», como una «finca particular» del PP.

«Lo que nos parece a nosotros es que la Xunta, el Partido Popular, no deben confiar mucho en esos informes porque no los hace públicos», asevera. «Si dice que están tan bien hechos, ¿qué problema hay en darlos a conocer?», cuestiona.

El diputado nacionalista asegura que «muchos de estos informes fueron externalizados», «fueron realizados por personal externo a la Xunta de Galicia, lo que podría ser ilegal y ser motivo de todo el procedimiento». «A lo mejor es por eso que no quiere hacerlos públicos», agrega.

AFECCIÓN A ESPECIES PROTEGIDAS

Entre otras cuestiones, el Bloque quiere conocer los informes sobre afección en hábitats y especies protegidas, con especial incidencia en la Serra do Careón, ya que «coincide» con los terrenos que quiere ocupar la multinacional lusa.

Carga contra «el oscurantimo y ocultación» de documentación, puesto que requiere que también tiene que publicarse lo que recoge el memorándum de entendimiento «secreto» entre Impulsa Galicia y Altri firmado en su día.

«TENDRÁN QUE VESTIR BIEN EL SANTO» PARA LA CONCESIÓN DE AUGAS

Igualmente, Bará ha remarcado que el de Altri «no es un proyecto aprobado» y falta «un largo recorrido administrativo»: la autorización ambiental integrada, , el informe en materia de urbanismo y que se eleve finalmente todo el expediente al Consello de la Xunta para su aprobación –que incluye la licencia–, a partir de lo cual podrán comenzar las obras.

Apunta que una de las cuestiones pendientes es la concesión de Augas de Galicia a Altri en el embalse de Portodemouros por 75 años, para lo cual avisa de que se debe evaluar la «jerarquía y preferencia de usos» en el plan hidrológico, entre lo cual las actividades extractivas se sitúan en «el sexto puesto» de ordenación de uso, con el primer lugar para el abastecimiento humano.

Y pone el foco en la «colisión» que supone un abastacimiento de 46 millones de litros al día que solicita la pastera portuguesa frente a Naturgy en esta presa. «Tendrán que vestir bien el santo para darle la concesión a Altri por 75 años», sostiene.

Sobre la futura autorización ambiental integrada, Bará recuerda que el consejero de delegado de Altri ya «anunció» que saldrá en junio, del mismo modo que ya sabía que marzo era la fecha de la publicación de la declaración ambiental. Y deja claro que esa autorización integrada es «recurrible».

AUGURA «ÉXITO» EN LA JUDICIALIZACIÓN

De tal forma, Luis Bará prevé que «va a haber apertura de vía judicial» contra el proyecto de Altri en el contencioso administrativo, por lo que cree que llegará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dado que varias entidades han anunciado su intención de acudir a los juzgados.

Augura que habrá «ciertas garantías de éxito» en la judicialización del proyecto por ser un proceso «lleno de irregularidades» que va desde «cambios en la ley a medida» hasta poner altos cargos «a medida», «eliminando personas que pudiesen ser incómodas» por otras «más disciplinadas y obedientes».

Resalta que la DIA está firmada únicamente por la directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, y el subdirector xeral de Avaliación Ambiental, Alejandro Carrera, dos cargos «políticos» y de «confianza», nombrados por la Xunta del PP.