El Partido Popular de Galicia ha votado este miércoles en contra de una iniciativa a través de la que los socialistas emplazaban a la Xunta a acogerse a la condonación de la deuda que el Gobierno estatal plantea para las comunidades al sostener que supone «una trampa para los gallegos».

La proposición no de ley ha sido defendida en el pleno del Parlamento por la diputada socialista Patricia Iglesias, quien ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acepte la condonación de más de 4.000 millones, ya que «significaría reducir en un tercio» la deuda de Galicia.

La parlamentaria socialista ha argumentado que, aunque el actual modelo de financiación autonómica, aprobado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «fue beneficioso para Galicia», 15 años después la realidad es distinta y, por tanto, «es necesaria su reformulación».

Además, ha señalado que la propuesta hecha por el Gobierno estatal es «enormemente más ambiciosa que cualquier otra que se formulase antes», pese a las interpretaciones «conflictivas y destructivas» hechas por el PP. Así, ha dicho que la comunidad autónoma, que tiene el 5,5% de la población de España, recibiría un 6,7% de los fondos y ha lamentado el «ataque furibundo del PP» a la medida, en lo que ha calificado de «un error enorme» sustentado en «excusas de mal pagador que nadie entiende».

Mientras que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea -que rechazó intervenir–, ha optado por la abstención, los nacionalistas han apoyado la iniciativa y han censurado que el PP prefiera de nuevo «obedecer los intereses partidistas» y «servir a Génova». «En un contexto de fragmentación política en el Estado, las fuerzas soberanistas y, singularmente el BNG, conseguirnos una quita de la deuda y el PP, en lugar ahora de hacer lo fácil que es ir a Madrid y negociar, lo que hace es cruzarse de brazos», ha censurado para emplazar a los populares a «dejar de hacer el ridículo».

Enfrente, la diputada del PPdeG Cristina Sanz ha dejado claro el rechazo de su formación a esta medida. «Hablan de una quita cuando la realidad no se quita nada, lo que se hace es cambiarla de manos y hacer que los gallegos tengamos que pagar parte de la deuda generada en otros territorios más incumplidores», ha dicho para censurar también que se hable de «reinvertir esos 4.000 millones» sabiendo que «esta operación no genera capacidad adicional de gasto».

«Galicia no va a recibir ni un solo euro de esa deuda», ha advertido para subrayar que la deuda la asume el Estado y la pagarán todos los españoles y los gallegos también. «No cuenten con nosotros para colarle a los gallegos una quita trampa», ha apuntado.

MINA DE TOURO

En la sesión, además, los populares se han posicionado en contra de la petición que el BNG ha hecho para frenar el proyecto de la mina de Touro al asegurar que «todos los proyectos mineros se someten a una tramitación absolutamente garantista» por parte de la Administración.

En concreto, en el pleno, la diputada del BNG Rosana Pérez ha defendido una proposición no de ley a través de la que su formación ha emplazado a la Consellería do Mar llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental, económico y social que supondría esta mina en el río Ulla y la ría de Arousa.

El texto pedía anteponer la defensa de la calidad de las aguas, su recuperación y la actividad del sector del mar a cualquier otra que la pueda perjudicar e incluía un último apartado a través del que reclamaba inadmitir el proyecto por existir ya una resolución de impacto ambiental negativa para el proyecto presentado en 2017 al considerar que «es básicamente idéntico al actual».

La parlamentaria del Bloque ha acusado a los populares gallegos de considerar estratégico «todo lo que es gravemente perjudicial» para Galicia «sin pudor» y ha criticado que el PPdeG se niegue a introducir un artículo en el Ley de Pesca para reconocer el sector tradicional del mar y otorgar el estatus legal de ser considerado de interés general mientras «pone la alfombra roja a proyectos que apenas aportan puestos de trabajo y riqueza».

Esta proposición no de ley ha contado con la abstención del PSdeG, después de que el Bloque no aceptase una enmienda de los socialistas que pedía sustituir el punto en el que el BNG pedía inadmitir el proyecto por considerar que era «idéntico» al de 2017.

En concreto, la parlamentaria del PSdeG Patricia Iglesias ha sostenido que «el Gobierno gallego es opaco» en la tramitación de las autorizaciones mineras, pero ha considerado que el proyecto no se puede inadmitir «sin un examen de fondo riguroso» que permita el cumplimiento legal del procedimiento bien para admitir o denegar el proyecto. «El límite negativo y positivo siempre va a ser el cumplimiento legal», ha dicho.

RECHAZO DEL PPDEG

En un debate en el que el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha rechazado intervenir, el diputado del PPdeG ha avanzado el rechazo del grupo mayoritario a esta iniciativa al asegurar que se continúa con la tramitación prevista por la ley, en la que «se velará como se hace en todos y cada uno de los proyectos por dar las máximas garantías medioambientales a todas las partes implicadas».

«Y una vez que se complete la recopilación de todos los informes necesarios, se resolverá el expediente incluyendo, por supuesto, la declaración de impacto ambiental», ha defendido el parlamentario que ha insistido en que será el resultado final de la tramitación el que decidirá si ese proyecto es viable o no».

«Pero para ustedes ya no lo es porque el no es así para todo, es el no por el no», ha afirmado para asegurar que el BNG estuvo siempre en el «no» en los asuntos relativos a la industria. «Incluso atacaron a Inditex», ha censurado el parlamentario popular, que ha subrayado que todos los proyectos mineros se someten a una tramitación «absolutamente garantista» y que «son lo técnicos de la administración cuando corresponde los que certifican si se cumple o no la legislación vigente».

PISOS TURÍSTICOS

Por otra parte, en la sesión, el voto mayoritario del PPdeG también ha motivado que no saliese adelante otra iniciativa de los nacionalistas gallegos a través de la que estos pedían proponían una serie de medidas para «ordenar y planificar la proliferación» de las viviendas de uso turístico (VUT).

En concreto, la proposición no de ley defendida por la parlamentaria Alexandra Fernández incluía atender las demandas de los ayuntamientos para resolver sobre las viviendas detectadas como ilegalidades la imposibilidad de continuar con la actividad, así como exigir el título habilitante municipal, entre otras medidas. Sin embargo, la iniciativa, a la que el PSdeG avanzó su apoyo, no ha salido adelante al ser rechazada una iniciativa con la que el PP gallego proponía sustituir el texto presentado por el BNG.

Así, la portavoz de Vivienda del Grupo Popular, María Deza, ha sostenido que Galicia fue «una comunidad pionera en la regulación de las viviendas de uso turístico, al incorporarlas a la oferta reglada como una modalidad de alojamiento complementaria y no excluyente del resto de tipologías». Sin embargo, ha dicho que «todas las administraciones deben regular la parte que les toca, con mayor o menor laxitud, dentro de la espera de las competencias que a cada una le pueda corresponder».